Editorial I del Viernes 6 de junio de 2008 | Publicado en la Edición impresa del Diario La Nación.
Mediante una increíble resolución que ataca la independencia de los poderes, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, ordenó a las fuerzas policiales y de seguridad, que dependen de él, que antes de responder y cumplir cualquier pedido que reciban del Poder Judicial lo pongan al tanto a él.
Fernández es ministro de Justicia, pero obviamente no integra el Poder Judicial, sino el Ejecutivo, y mediante esta resolución del 29 de abril último no sólo se inmiscuye en asuntos de otro poder que necesariamente deben serle ajenos, sino que, según los casos, puede ocasionar el fracaso de investigaciones judiciales en trámite, además de poner a sus subordinados en un difícil trance, pues obedecerlo puede convertirlos en responsables de la violación del secreto de sumario.
Inquieta saber para qué quiere el ministro Fernández estar al tanto de todo cuanto ordenan los jueces.
Por lo pronto, recordemos que en el fuero federal hay varias investigaciones contra funcionarios de la administración Kirchner, en la que el ministro tuvo y tiene un rol protagónico y muchas veces polémico. Con esta decisión, luego del juez y el fiscal, el ministro será el primero en enterarse de ciertas medidas investigativas que pueden llegar a comprometer a sus colegas en el gabinete o a sus subordinados. O al propio ministro Fernández.
Las fuerzas policiales y de seguridad son auxiliares natas de la Justicia. Del Ministerio de Justicia dependen hoy la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, y a ellas recurren los jueces cuando, por ejemplo, ordenan un allanamiento, el retiro de documentación, el alojamiento o traslado de un detenido y distintos tipos de peritajes, como los informáticos y los balísticos.
Con esta resolución, el ministro Fernández será el primero en conocer la intimidad de investigaciones delicadas. Los jueces se sentirán controlados y temerosos de que las medidas que ordenen se transformen en tema de análisis y debate entre los miembros del gabinete. Y, como dijimos, obligará a violar el secreto de sumario que disponen los jueces en los tramos en que así lo requiere una investigación para evitar la pérdida de documentación importante o la fuga de posibles responsables. Porque una orden de un magistrado durante el secreto de sumario no puede ser transmitida a otro por los policías que la ejecutan.
Como aseveró el constitucionalista Gregorio Badeni, "si hay secreto de sumario y la fuerza da la información al ministro, estaría incurriendo en el delito de desacato a la Justicia".
Afortunadamente, se escucharon varias voces de alerta además de la de Badeni. El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, afirmó que la decisión del ministro "es realmente muy grave". El constitucionalista Daniel Sabsay advirtió que "puede servir para proteger a amigos, funcionarios y allegados", en tanto que el abogado Ricardo Monner Sans expresó que "contribuye a la degradación institucional".
Fernández, quizás el más locuaz de los integrantes del gabinete, también opinó. "Necesito organizar a las fuerzas", afirmó, sin explicar mucho.
Y es que las explicaciones huelgan. Ya el año pasado el ministro tuvo un duro enfrentamiento con un juez por el alojamiento de un preso. En esa oportunidad, el ministro Fernández reaccionó pidiendo el juicio político del juez en lo penal tributario Javier López Biscayart. ¿La investigación? El caso de las coimas y sobreprecios de la constructora Skanska, que tanto preocupa al Gobierno y que tiene procesado a un ex funcionario que dependía de un colega de Fernández en el gabinete. Aquel absurdo pedido de juicio político fue rechazado por el Consejo de la Magistratura, pero muestra que el afán de Fernández por inmiscuirse en la Justicia viene de antes y probablemente sea una vocación.
O una compulsión: la de espiar. Porque la resolución del ministro no es más que un burdo intento de darle ropaje de falsa legitimidad a lo que, en definitiva, puede ser considerado un inadmisible espionaje sobre la labor judicial.
Mediante una increíble resolución que ataca la independencia de los poderes, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, ordenó a las fuerzas policiales y de seguridad, que dependen de él, que antes de responder y cumplir cualquier pedido que reciban del Poder Judicial lo pongan al tanto a él.
Fernández es ministro de Justicia, pero obviamente no integra el Poder Judicial, sino el Ejecutivo, y mediante esta resolución del 29 de abril último no sólo se inmiscuye en asuntos de otro poder que necesariamente deben serle ajenos, sino que, según los casos, puede ocasionar el fracaso de investigaciones judiciales en trámite, además de poner a sus subordinados en un difícil trance, pues obedecerlo puede convertirlos en responsables de la violación del secreto de sumario.
Inquieta saber para qué quiere el ministro Fernández estar al tanto de todo cuanto ordenan los jueces.
Por lo pronto, recordemos que en el fuero federal hay varias investigaciones contra funcionarios de la administración Kirchner, en la que el ministro tuvo y tiene un rol protagónico y muchas veces polémico. Con esta decisión, luego del juez y el fiscal, el ministro será el primero en enterarse de ciertas medidas investigativas que pueden llegar a comprometer a sus colegas en el gabinete o a sus subordinados. O al propio ministro Fernández.
Las fuerzas policiales y de seguridad son auxiliares natas de la Justicia. Del Ministerio de Justicia dependen hoy la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, y a ellas recurren los jueces cuando, por ejemplo, ordenan un allanamiento, el retiro de documentación, el alojamiento o traslado de un detenido y distintos tipos de peritajes, como los informáticos y los balísticos.
Con esta resolución, el ministro Fernández será el primero en conocer la intimidad de investigaciones delicadas. Los jueces se sentirán controlados y temerosos de que las medidas que ordenen se transformen en tema de análisis y debate entre los miembros del gabinete. Y, como dijimos, obligará a violar el secreto de sumario que disponen los jueces en los tramos en que así lo requiere una investigación para evitar la pérdida de documentación importante o la fuga de posibles responsables. Porque una orden de un magistrado durante el secreto de sumario no puede ser transmitida a otro por los policías que la ejecutan.
Como aseveró el constitucionalista Gregorio Badeni, "si hay secreto de sumario y la fuerza da la información al ministro, estaría incurriendo en el delito de desacato a la Justicia".
Afortunadamente, se escucharon varias voces de alerta además de la de Badeni. El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, afirmó que la decisión del ministro "es realmente muy grave". El constitucionalista Daniel Sabsay advirtió que "puede servir para proteger a amigos, funcionarios y allegados", en tanto que el abogado Ricardo Monner Sans expresó que "contribuye a la degradación institucional".
Fernández, quizás el más locuaz de los integrantes del gabinete, también opinó. "Necesito organizar a las fuerzas", afirmó, sin explicar mucho.
Y es que las explicaciones huelgan. Ya el año pasado el ministro tuvo un duro enfrentamiento con un juez por el alojamiento de un preso. En esa oportunidad, el ministro Fernández reaccionó pidiendo el juicio político del juez en lo penal tributario Javier López Biscayart. ¿La investigación? El caso de las coimas y sobreprecios de la constructora Skanska, que tanto preocupa al Gobierno y que tiene procesado a un ex funcionario que dependía de un colega de Fernández en el gabinete. Aquel absurdo pedido de juicio político fue rechazado por el Consejo de la Magistratura, pero muestra que el afán de Fernández por inmiscuirse en la Justicia viene de antes y probablemente sea una vocación.
O una compulsión: la de espiar. Porque la resolución del ministro no es más que un burdo intento de darle ropaje de falsa legitimidad a lo que, en definitiva, puede ser considerado un inadmisible espionaje sobre la labor judicial.
