No puede menos que llamar la atención que la presidente de la Nación haya revelado cuál será el destino de los ingresos extras que recibirá el Estado como consecuencia del nuevo esquema de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas noventa días después de haberse anunciado esa cuestionable modificación impositiva.
El mensaje pronunciado anteayer por la primera mandataria, y emitido por la cadena nacional de radio y televisión, se basó en un repertorio de contradicciones y estuvo plagado de matices demagógicos.
La Presidente anunció que el excedente que se perciba por encima del 35 por ciento de las retenciones a las exportaciones de soja se empleará para la construcción de hospitales, rutas y viviendas. Sorprende que nada de esto hubiera sido anunciado el 11 de marzo, cuando se difundió la polémica resolución 125 del Ministerio de Economía, ni tampoco en ninguno de los discursos que había pronunciado desde entonces la primera mandataria en defensa de esa medida rechazada por los productores agropecuarios.
Es poco comprensible que, en un primer momento, desde el Gobierno se haya planteado la desojización como objetivo y que, ahora, tras casi tres meses de conflicto con el campo, se diga que con la soja se van a hacer centros de salud, caminos y viviendas populares.
El anuncio oficial no parece ser otra cosa que un maquillaje político sobre el uso de fondos que, originalmente, no estaban pensados para el fin que ahora se dice que tienen. Es indudable que el excedente de recursos proveniente de las mayores retenciones al campo iba a destinarse a atender una brecha fiscal, consecuencia de un creciente gasto público.
Es paradójico también que, mientras la Presidente señala que será imposible reducir la pobreza y redistribuir la riqueza sin la cooperación de los que más tienen, el Gobierno se embarca en una obra pública faraónica como el tren bala, cuyos beneficios seguramente no llegarán a los millones de argentinos que están en el fondo de la pirámide social.
Una vez más, las autoridades nacionales utilizan a los pobres como rehenes para justificar una medida injustificable, que claramente se les había ido de las manos. La pobreza no podrá enfrentarse combatiendo la producción y sembrando mensajes demagógicos, sino incentivando las inversiones que creen más puestos de trabajo y una mayor recaudación fiscal por la vía de las mayores ganancias de los agentes productivos.
Otro aspecto demagógico del discurso presidencial se advierte en el anuncio de que las obras públicas derivadas del aumento de lo recaudado por retenciones serán acordadas con los gobiernos provinciales o locales. Detrás del pretendido federalismo, sólo se ocultan mayores niveles de centralismo, unitarismo y clientelismo, acompañados por verdaderos intentos de cooptación política desde el gobierno nacional.
Si el Gobierno quisiera ejercer el federalismo en la práctica, lo que debería hacer es reducir las retenciones, que no son coparticipables con las provincias, para que el campo aporte una mayor recaudación en concepto del impuesto a las ganancias, que sí se coparticipa entre la Nación y el interior del país. Pero resulta obvio que el modelo kirchnerista no tiene nada de federalista y, por el contrario, sustenta su poder en la concentración de las decisiones y de los recursos tributarios.
Un párrafo aparte merece la curiosa definición de "renta extraordinaria" que ha acuñado el Gobierno. Un concepto que desconoce los innumerables riesgos que afronta un productor agropecuario y que parece ignorar que muchas actividades económicas proporcionan hoy ganancias mucho más suculentas que las que deja el campo. Entre ellas, la industria del juego, un negocio que quizá no esté sometido a retenciones porque está mayormente en manos de amigos del ex presidente Néstor Kirchner.
A todo esto, el Congreso de la Nación quedó de nuevo ratificado como un convidado de piedra a la hora de decidir el destino que se les debe dar a los ingresos del Estado nacional.
Ponerle punto final a la discusión sobre las retenciones ha sido el propósito de la presidente Cristina Kirchner, de acuerdo con la propia interpretación que hicieron pública funcionarios de su gobierno. No parece ni más ni menos que la negación misma del diálogo y del funcionamiento de las instituciones de la República en la toma de decisiones cruciales para la población.
El mensaje pronunciado anteayer por la primera mandataria, y emitido por la cadena nacional de radio y televisión, se basó en un repertorio de contradicciones y estuvo plagado de matices demagógicos.
La Presidente anunció que el excedente que se perciba por encima del 35 por ciento de las retenciones a las exportaciones de soja se empleará para la construcción de hospitales, rutas y viviendas. Sorprende que nada de esto hubiera sido anunciado el 11 de marzo, cuando se difundió la polémica resolución 125 del Ministerio de Economía, ni tampoco en ninguno de los discursos que había pronunciado desde entonces la primera mandataria en defensa de esa medida rechazada por los productores agropecuarios.
Es poco comprensible que, en un primer momento, desde el Gobierno se haya planteado la desojización como objetivo y que, ahora, tras casi tres meses de conflicto con el campo, se diga que con la soja se van a hacer centros de salud, caminos y viviendas populares.
El anuncio oficial no parece ser otra cosa que un maquillaje político sobre el uso de fondos que, originalmente, no estaban pensados para el fin que ahora se dice que tienen. Es indudable que el excedente de recursos proveniente de las mayores retenciones al campo iba a destinarse a atender una brecha fiscal, consecuencia de un creciente gasto público.
Es paradójico también que, mientras la Presidente señala que será imposible reducir la pobreza y redistribuir la riqueza sin la cooperación de los que más tienen, el Gobierno se embarca en una obra pública faraónica como el tren bala, cuyos beneficios seguramente no llegarán a los millones de argentinos que están en el fondo de la pirámide social.
Una vez más, las autoridades nacionales utilizan a los pobres como rehenes para justificar una medida injustificable, que claramente se les había ido de las manos. La pobreza no podrá enfrentarse combatiendo la producción y sembrando mensajes demagógicos, sino incentivando las inversiones que creen más puestos de trabajo y una mayor recaudación fiscal por la vía de las mayores ganancias de los agentes productivos.
Otro aspecto demagógico del discurso presidencial se advierte en el anuncio de que las obras públicas derivadas del aumento de lo recaudado por retenciones serán acordadas con los gobiernos provinciales o locales. Detrás del pretendido federalismo, sólo se ocultan mayores niveles de centralismo, unitarismo y clientelismo, acompañados por verdaderos intentos de cooptación política desde el gobierno nacional.
Si el Gobierno quisiera ejercer el federalismo en la práctica, lo que debería hacer es reducir las retenciones, que no son coparticipables con las provincias, para que el campo aporte una mayor recaudación en concepto del impuesto a las ganancias, que sí se coparticipa entre la Nación y el interior del país. Pero resulta obvio que el modelo kirchnerista no tiene nada de federalista y, por el contrario, sustenta su poder en la concentración de las decisiones y de los recursos tributarios.
Un párrafo aparte merece la curiosa definición de "renta extraordinaria" que ha acuñado el Gobierno. Un concepto que desconoce los innumerables riesgos que afronta un productor agropecuario y que parece ignorar que muchas actividades económicas proporcionan hoy ganancias mucho más suculentas que las que deja el campo. Entre ellas, la industria del juego, un negocio que quizá no esté sometido a retenciones porque está mayormente en manos de amigos del ex presidente Néstor Kirchner.
A todo esto, el Congreso de la Nación quedó de nuevo ratificado como un convidado de piedra a la hora de decidir el destino que se les debe dar a los ingresos del Estado nacional.
Ponerle punto final a la discusión sobre las retenciones ha sido el propósito de la presidente Cristina Kirchner, de acuerdo con la propia interpretación que hicieron pública funcionarios de su gobierno. No parece ni más ni menos que la negación misma del diálogo y del funcionamiento de las instituciones de la República en la toma de decisiones cruciales para la población.
