Un aviso inconfundible de decapitación le llegó al miércoles al defensor del pueblo, Eduardo Mondino, otro titular de un organismo autónomo del Estado al que el Gobierno colocó cerca del patíbulo. Sólo una notable resistencia dentro del mayoritario bloque de diputados peronistas impidió que la legisladora Diana Conti lograra el tratamiento sobre tablas de un proyecto para revisar la actuación de Mondino.
El defensor del pueblo ocupa ese cargo desde diciembre de 1999 y fue ratificado en sus funciones por una comisión bicameral en diciembre de 2004. En el último mes del próximo año, 2009, deberá abandonar el cargo porque no tiene posibilidad de una segunda renovación. Vale subrayar lo que es obvio: Mondino no está en ese lugar por decisión del gobierno de los Kirchner ni nunca perteneció al círculo político gobernante.
En los últimos días, Mondino se respaldó en facultades constitucionales para convocar a las entidades agropecuarias y al Gobierno.
Intentó que iniciaran así, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, una ronda de negociación que resolviera el actual conflicto rural. Argumentó en su resolución que era su obligación tratar de solucionar un problema que está afectando la vida cotidiana de millones de argentinos.
Los presidentes de las cuatro entidades agropecuarias levantaron el paro rural el domingo para facilitar la gestión de Mondino y se presentaron en sus oficinas el lunes, a las 15, respondiendo a una citación expresa del defensor del pueblo al sector rural y al Gobierno. La espera fue en vano. El Gobierno no fue y los funcionarios citados (el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Carlos Fernández) le enviaron una dura carta como respuesta a una segunda citación, en la que desconocieron las atribuciones de Mondino para intentar un acercamiento entre los gobernantes y los campesinos.
Dos días después, el miércoles, la diputada Conti se presentó en una reunión del bloque oficialista con el implícito cuestionamiento a Mondino. El proyecto de Conti fue girado a estudio de una comisión parlamentaria, tras ser rechazado el pedido de una votación urgente, luego de que se escuchara la posición crítica de varios diputados del oficialismo. Conti integra también el Consejo de la Magistratura en nombre del Congreso y es, junto con el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, la expresión más veraz y apasionada del Gobierno en los procesos de juzgamientos y ascensos de los jueces.
El episodio que afecta a Mondino sucede luego de que el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, limitó la acción judicial de la Oficina Anticorrupción. También ocurrió después del intento de limitar las atribuciones del titular de la Auditoría General de la Nación, Leonardo Despouy, la oficina encargada del contralor externo del Gobierno. El organismo de contralor interno, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), estuvo hasta diciembre del año último virtualmente en manos de la esposa del ministro de Planificación, Julio De Vido.
Mondino tiene una dependencia sólo administrativa del Congreso de la Nación y su única obligación es rendirle cuentas, una vez al año, a una comisión bicameral, integrada por senadores y diputados. En pasillos legislativos se aseguró que la orden que recibió Conti del más alto nivel político fue la de hacer caer la cabeza del defensor del pueblo. El relevo anticipado de Mondino requiere los dos tercios de los votos de las dos cámaras del Congreso.
Las entidades agropecuarias seguían insistiendo, hasta ayer, en que confiaban en la gestión de Mondino para acercar al Gobierno con los productores rurales. Fuentes oficiales señalaron que el defensor del pueblo les abrió a las entidades agropecuarias un escenario dialoguista que antes no tenían y que, además, colocó al Gobierno en el impopular papel de evadir la posibilidad de un acuerdo. "Mondino está más cerca de los ruralistas que del Gobierno", señalaron funcionarios destacados de la administración.
"Yo sólo cumplo con una obligación constitucional. Mi deber no es darle la razón a ninguno, sino tratar de juntarlos en un diálogo civilizado", replicó Mondino.
Mondino es incómodo para el Gobierno no sólo por su actual protagonismo en el conflicto rural. Su acción judicial llevó ya la contaminación del Riachuelo hasta la Corte Suprema de Justicia, que podría fijarle a la administración, en las próximas semanas, plazos para sanear el río más contaminado del Cono Sur.
Otras acciones.
Mondino también inició una acción judicial por la pésima prestación de los servicios públicos, sobre todo el de los trenes, un transporte que recibe enormes subsidios de parte del poderoso secretario de Transportes de la Nación, Ricardo Jaime, amigo personal de Néstor Kirchner. En las últimas semanas, Mondino se presentó a la Justicia, en nombre del colectivo de los jubilados, para que se hiciera extensivo a todos los pasivos un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le reconoció a una persona el derecho a la movilidad de sus ingresos.
El argumento de Mondino en este último caso fue especialmente duro para un gobierno que se precia de progresista. "Están demorando las cosas porque especulan con la biología, con la muerte de muchos jubilados", afirmó en un su presentación judicial.
"¿Quieren la cabeza de Mondino?", preguntó un periodista a uno de los diputados peronistas que estuvieron presentes en la reunión del miércoles. Respuesta: "En la Argentina de hoy, siempre es posible la peor alternativa. Sí, están buscando cortarle la cabeza".
Sin embargo, en esa tarde del miércoles ingrato el Gobierno se quedó, por primera vez, sin mayoría en su propio bloque para asestar la implacable ley de la venganza.
El defensor del pueblo ocupa ese cargo desde diciembre de 1999 y fue ratificado en sus funciones por una comisión bicameral en diciembre de 2004. En el último mes del próximo año, 2009, deberá abandonar el cargo porque no tiene posibilidad de una segunda renovación. Vale subrayar lo que es obvio: Mondino no está en ese lugar por decisión del gobierno de los Kirchner ni nunca perteneció al círculo político gobernante.
En los últimos días, Mondino se respaldó en facultades constitucionales para convocar a las entidades agropecuarias y al Gobierno.
Intentó que iniciaran así, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, una ronda de negociación que resolviera el actual conflicto rural. Argumentó en su resolución que era su obligación tratar de solucionar un problema que está afectando la vida cotidiana de millones de argentinos.
Los presidentes de las cuatro entidades agropecuarias levantaron el paro rural el domingo para facilitar la gestión de Mondino y se presentaron en sus oficinas el lunes, a las 15, respondiendo a una citación expresa del defensor del pueblo al sector rural y al Gobierno. La espera fue en vano. El Gobierno no fue y los funcionarios citados (el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Carlos Fernández) le enviaron una dura carta como respuesta a una segunda citación, en la que desconocieron las atribuciones de Mondino para intentar un acercamiento entre los gobernantes y los campesinos.
Dos días después, el miércoles, la diputada Conti se presentó en una reunión del bloque oficialista con el implícito cuestionamiento a Mondino. El proyecto de Conti fue girado a estudio de una comisión parlamentaria, tras ser rechazado el pedido de una votación urgente, luego de que se escuchara la posición crítica de varios diputados del oficialismo. Conti integra también el Consejo de la Magistratura en nombre del Congreso y es, junto con el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, la expresión más veraz y apasionada del Gobierno en los procesos de juzgamientos y ascensos de los jueces.
El episodio que afecta a Mondino sucede luego de que el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, limitó la acción judicial de la Oficina Anticorrupción. También ocurrió después del intento de limitar las atribuciones del titular de la Auditoría General de la Nación, Leonardo Despouy, la oficina encargada del contralor externo del Gobierno. El organismo de contralor interno, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), estuvo hasta diciembre del año último virtualmente en manos de la esposa del ministro de Planificación, Julio De Vido.
Mondino tiene una dependencia sólo administrativa del Congreso de la Nación y su única obligación es rendirle cuentas, una vez al año, a una comisión bicameral, integrada por senadores y diputados. En pasillos legislativos se aseguró que la orden que recibió Conti del más alto nivel político fue la de hacer caer la cabeza del defensor del pueblo. El relevo anticipado de Mondino requiere los dos tercios de los votos de las dos cámaras del Congreso.
Las entidades agropecuarias seguían insistiendo, hasta ayer, en que confiaban en la gestión de Mondino para acercar al Gobierno con los productores rurales. Fuentes oficiales señalaron que el defensor del pueblo les abrió a las entidades agropecuarias un escenario dialoguista que antes no tenían y que, además, colocó al Gobierno en el impopular papel de evadir la posibilidad de un acuerdo. "Mondino está más cerca de los ruralistas que del Gobierno", señalaron funcionarios destacados de la administración.
"Yo sólo cumplo con una obligación constitucional. Mi deber no es darle la razón a ninguno, sino tratar de juntarlos en un diálogo civilizado", replicó Mondino.
Mondino es incómodo para el Gobierno no sólo por su actual protagonismo en el conflicto rural. Su acción judicial llevó ya la contaminación del Riachuelo hasta la Corte Suprema de Justicia, que podría fijarle a la administración, en las próximas semanas, plazos para sanear el río más contaminado del Cono Sur.
Otras acciones.
Mondino también inició una acción judicial por la pésima prestación de los servicios públicos, sobre todo el de los trenes, un transporte que recibe enormes subsidios de parte del poderoso secretario de Transportes de la Nación, Ricardo Jaime, amigo personal de Néstor Kirchner. En las últimas semanas, Mondino se presentó a la Justicia, en nombre del colectivo de los jubilados, para que se hiciera extensivo a todos los pasivos un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le reconoció a una persona el derecho a la movilidad de sus ingresos.
El argumento de Mondino en este último caso fue especialmente duro para un gobierno que se precia de progresista. "Están demorando las cosas porque especulan con la biología, con la muerte de muchos jubilados", afirmó en un su presentación judicial.
"¿Quieren la cabeza de Mondino?", preguntó un periodista a uno de los diputados peronistas que estuvieron presentes en la reunión del miércoles. Respuesta: "En la Argentina de hoy, siempre es posible la peor alternativa. Sí, están buscando cortarle la cabeza".
Sin embargo, en esa tarde del miércoles ingrato el Gobierno se quedó, por primera vez, sin mayoría en su propio bloque para asestar la implacable ley de la venganza.
