Ayer volvió a quedar demostrado cómo la falta de policía propia impide al gobierno de la ciudad tener el control de la vía pública. De la calle, limpia y llanamente. No se trata, por cierto, de un problema menor. Manejar la calle es sinónimo de tener potestad para castigar el delito y las contravenciones, para hacer cumplir todas las normas que rigen la convivencia en el espacio público. Y equivale, por ende, a poder defender nada más y nada menos que el modelo de comunidad que los legisladores porteños han buscado instalar mediante ese andamiaje legal.
Jorge Telerman lo había comprendido bien cuando, durante su mandato, trató de impulsar un plebiscito para que la ciudadanía porteña respaldara la creación de una policía propia, en un doble intento por presionar al gobierno nacional para traspasar la Policía Federal o bien a la Legislatura para aprobar la ley orgánica de una policía local. Lamentablemente, el macrismo no lo acompañó en su iniciativa.
Sin embargo, una vez elegido, Mauricio Macri también tomó noción de la incapacidad para gobernar plenamente sin una policía propia. Reclamó hasta el hartazgo la transferencia de los efectivos de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana y, ante el fracaso de las negociaciones, envió a la Legislatura porteña el proyecto de ley orgánica de la "policía metropolitana".
No resulta casual que Telerman y Macri sean opositores al gobierno nacional, que tiene en sus manos la decisión de hacer actuar o no a la Policía Federal en territorio porteño, ante una requisitoria de las autoridades porteñas.
Y es que ayer también quedó demostrado que, en el modelo de comunidad defendido por el kirchnerismo en el nivel nacional, los aliados políticos y los sectores afines tienen vía libre no sólo para infringir las normas, sino también para agredir a las autoridades competentes, pero no uniformadas, sin recibir castigo alguno.
Muy distinto parece ser el modelo de comunidad que desea promover el gobierno de Mauricio Macri, que no tuvo inconvenientes la semana pasada en impedir al agro la colocación de una carpa en la Plaza del Congreso porque no había pedido el permiso correspondiente. Fue exactamente lo que pretendió exigirle a la carpa de Compromiso K, al ordenar el desalojo administrativo de instalaciones no autorizadas y peligrosas.
Pero los militantes kirchneristas no respetaron la autoridad de los agentes de la Guardia de Auxilio enviados a remover la carpa, las pancartas y algunos equipos peligrosos, por orden de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público. Más: reaccionaron con violencia y golpearon a uno de ellos. Cuando, tras la agresión, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad pidió refuerzos a la comisaría 6a., hubo una no tan sospechosa falta de respuesta.
Urge como nunca a la ciudad tener su policía propia si realmente quiere ganar el control de la calle para defender un modelo en el que violar la ley no sea gratuito para nadie.
Jorge Telerman lo había comprendido bien cuando, durante su mandato, trató de impulsar un plebiscito para que la ciudadanía porteña respaldara la creación de una policía propia, en un doble intento por presionar al gobierno nacional para traspasar la Policía Federal o bien a la Legislatura para aprobar la ley orgánica de una policía local. Lamentablemente, el macrismo no lo acompañó en su iniciativa.
Sin embargo, una vez elegido, Mauricio Macri también tomó noción de la incapacidad para gobernar plenamente sin una policía propia. Reclamó hasta el hartazgo la transferencia de los efectivos de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana y, ante el fracaso de las negociaciones, envió a la Legislatura porteña el proyecto de ley orgánica de la "policía metropolitana".
No resulta casual que Telerman y Macri sean opositores al gobierno nacional, que tiene en sus manos la decisión de hacer actuar o no a la Policía Federal en territorio porteño, ante una requisitoria de las autoridades porteñas.
Y es que ayer también quedó demostrado que, en el modelo de comunidad defendido por el kirchnerismo en el nivel nacional, los aliados políticos y los sectores afines tienen vía libre no sólo para infringir las normas, sino también para agredir a las autoridades competentes, pero no uniformadas, sin recibir castigo alguno.
Muy distinto parece ser el modelo de comunidad que desea promover el gobierno de Mauricio Macri, que no tuvo inconvenientes la semana pasada en impedir al agro la colocación de una carpa en la Plaza del Congreso porque no había pedido el permiso correspondiente. Fue exactamente lo que pretendió exigirle a la carpa de Compromiso K, al ordenar el desalojo administrativo de instalaciones no autorizadas y peligrosas.
Pero los militantes kirchneristas no respetaron la autoridad de los agentes de la Guardia de Auxilio enviados a remover la carpa, las pancartas y algunos equipos peligrosos, por orden de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público. Más: reaccionaron con violencia y golpearon a uno de ellos. Cuando, tras la agresión, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad pidió refuerzos a la comisaría 6a., hubo una no tan sospechosa falta de respuesta.
Urge como nunca a la ciudad tener su policía propia si realmente quiere ganar el control de la calle para defender un modelo en el que violar la ley no sea gratuito para nadie.
