viernes, 12 de septiembre de 2008

Una sombra implacable; por Joaquín Morales Solá.

Guido Antonini Wilson se está convirtiendo en una sombra persistente e implacable para el gobierno de Cristina Kirchner.

El primer problema de la Presidenta consiste en que las aseveraciones del lenguaraz empresario venezolano coinciden con la percepción de muchos sectores sociales y políticos locales sobre las opacas relaciones argentino-venezolanas. El segundo problema, aunque no menos importante, se refiere al creciente deterioro de los vínculos de la Argentina con Washington, ya no entendido éste como el gobierno de Bush, sino como la capital política más importante del mundo.

El "valijagate" irrumpió en la vida presidencial de Cristina Kirchner apenas tres días después de que asumiera la jefatura del Estado. El caso había estallado en el aeroparque de Buenos Aires durante la gestión de su esposo apenas cuatro meses antes del cambio de mando entre marido y esposa.

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Ayer, como en diciembre, el Gobierno se empecinó en culpar a la administración norteamericana, indirectamente, de una supuesta conspiración para desestabilizar a la mandataria argentina.

De nada valieron, en síntesis, los dos viajes que hizo a Buenos Aires en los últimos meses el subsecretario de Estado, Tom Shannon, y su rotunda afirmación ante la Presidenta de que "el caso de la valija no tuvo nunca ninguna relación con la política exterior de los Estados Unidos".

La Presidenta aseguró en su momento creer en esa garantía del influyente funcionario norteamericano, pero ayer se rectificó. ¿Qué otra cosa le quedaría por hacer si no está dispuesta a profundizar en la investigación de lo que sucedió en aquella extraña madrugada de un invernal domingo del penúltimo agosto?

El riesgo que corre el partido gobernante es, en efecto, que aquellos exuberantes dólares de Antonini Wilson no hayan estado destinados, como se dijo, a financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner, sino que formaran parte de un trasiego permanente de dineros de dudoso origen entre los gobiernos de Hugo Chávez y de Néstor Kirchner. La presencia de Claudio Uberti, un funcionario menor que estaba a cargo de las autopistas argentinas, como virtual embajador comercial de Kirchner ante Chávez es lo que llama la atención.

Todo lo que significara dinero, desde convenios binacionales sobre provisión energética hasta las transacciones de empresarios argentinos con el Estado venezolano, debía pasar por la oficina de Uberti.

"Había un filtro con Uberti y otro filtro con funcionarios venezolanos para hacer cualquier negocio con Caracas, aun los referidos a los acuerdos de intercambio de energía por alimentos", contó el directivo de una empresa que debió atravesar ambos tamices. ¿Para qué existen, entonces, una embajada y una embajadora argentina en Caracas? "Las cuestiones políticas se cocinaban en un lugar y las del dinero, en otro", respondió el empresario. Uberti tiene derecho a la presunción de inocencia, pero alguien debería comprobar si realmente es inocente. ¿Se trata, además, sólo de Uberti?

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Cristina Kirchner creyó desde el primer instante en una conspiración norteamericana, desde el preciso momento en que se enteró de la valija destripada en el Aeroparque. La convicción conlleva una contradicción. Antonini Wilson y su misteriosa valija viajaron en un avión rentado por el gobierno argentino (nunca se supo para qué ni por qué) que trasladaba sólo a funcionarios argentinos y venezolanos.

Si la conspiración fuera cierta, los gobiernos de Kirchner y de Chávez deberían rendirse ante la evidencia: sus funcionarios son demasiado ineptos, ciertamente ingenuos y torpes como para haber permitido que el espionaje norteamericano se metiera con su gente y sus dólares en ese avión.

Es mejor, por lo tanto, llegar a la conclusión más lógica que existe a la vista de cualquier mortal: nunca hubo mejor argumento que la denuncia de una conspiración del único imperio sobreviviente para tapar ciertas fechorías en el manejo de los recursos públicos. Chávez ha hecho uso y abuso de ese viejo y desgastado recurso.

Una reiterada defensa de los funcionarios argentinos consiste en señalar que el gobierno norteamericano no le ha concedido la extradición de Antonini Wilson, pedida por la justicia argentina. Antonini Wilson no es santo para ninguna religión seria y él mismo se ha prestado a los dudosos manejos financieros del chavismo venezolano. Es, en última instancia, una expresión cabal de la "boliburguesía" venezolana, nacida y criada al calor de los petrodólares del chavismo.

Sin embargo, ningún juez argentino pidió nunca lo que el gobierno norteamericano no podría negarle: que los magistrados argentinos puedan indagar a Antonini Wilson en los Estados Unidos. Ese mecanismo está previsto por la ley norteamericana. La extradición es, en cambio, una especie de ladrido a la luna. El venezolano es también ciudadano norteamericano y, por lo tanto, nunca se le concederá su extradición a la justicia argentina.

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A todo esto, ¿para qué serviría la extradición de Antonini Wilson si la justicia argentina se ha destacado sólo por no hacer nada en la investigación del resonante caso? ¿Acaso no estaría en condiciones de seguir ninguna otra pista si careciera de la presencia en la Argentina del parlanchín venezolano? No es así, desde luego. Existen otros caminos para aproximarse a la verdad si hubiera voluntad de hacerlo.

El matrimonio Kirchner debió cancelar ayer una escala en Caracas prevista para la próxima semana. No obstante, el gobierno de Cristina Kirchner volvió a golpear sobre Washington el mismo día en que el inestable Evo Morales y el propio Chávez echaron de Bolivia y Venezuela a los embajadores norteamericanos. La prensa en los Estados Unidos comienza ya a tomar nota del caso que involucra tanto a Chávez como a los Kirchner. Hay, en verdad, mejores compañías para trotar por este mundo.

martes, 9 de septiembre de 2008

Más evidencias del vínculo entre la política y empresas de salud; Por Carlos Pagni.

Que Héctor Capaccioli, el superintendente de Salud, haya sido a la vez el recaudador de las campañas presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner, en las cuales entre los principales mecenas del matrimonio aparecen empresas vinculadas al área regulada por este funcionario, es una demostración magistral del tipo de desperfectos -por llamarlos de algún modo- que perturban la vida pública argentina.

Pero Capaccioli se ha propuesto aportar más ejemplos a esa contaminación entre la esfera pública y la privada que lo tiene como protagonista. En el Boletín Oficial del jueves pasado apareció la Resolución 740/2008 por la cual el superintendente dispuso un aumento del 25% en los precios de las prestaciones médico-asistenciales que las obras sociales les pagan a las empresas de salud.

Es decir, Capaccioli resolvió intervenir en los contratos privados entre obras sociales y prestadores médicos (laboratorios, clínicas, droguerías, etc.) para que éstos últimos puedan aumentar sus ingresos.

Esa resolución es jurídicamente cuestionable, ya que le permite al Estado avanzar sobre negociaciones entre particulares. Pero también es defectuosa si se la mira desde la ética: Capaccioli, recaudador de una campaña en la cual los principales contribuyentes fueron empresas de salud, debería abstenerse de disponer de beneficios para ese sector de negocios (hay observadores más estrictos que sostienen que Capaccioli debería haber ya renunciado).

La resolución del superintendente es llamativa no sólo por sus prescripciones sino por sus fundamentos. En los considerandos de su medida, el funcionario afirma que debe subir los precios de las empresas prestadoras de salud para que éstas puedan hacer frente a los aumentos de salarios que exige la Federación de Trabajadores de la Sanidad.

Hay un aspecto que, hay que suponer, Capaccioli no tuvo en cuenta. Con su disposición terminó de acorralar a Hugo Moyano, quien encuentra cada vez más dificultades en el ejercicio de su oficialismo. Sencillo: el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, aspira a que el camionero congele las paritarias, lo que supone impedir ajustes salariales y, por lo tanto, mejoras en la recaudación de las obras sociales. Pero, por vía de la Superintendencia de Salud, el mismo gobierno aumenta los gastos de las mismas obras sociales para fortalecer los ingresos de las empresas prestadoras. Hasta la paciencia de Moyano podría tener un límite.

El fiscal insiste en que el dinero de la valija era para Cristina Kirchner.

El juicio por Antonini en Miami. El investigador norteamericano aludió a las grabaciones de los acusados obtenidas por el FBI y aseguró que esas pruebas "reflejan claramente a dónde iba el dinero".

El juicio por la supuesta presión ejercida por agentes encubiertos sobre Guido Antonini Wilson comenzó hoy con un fuerte alegato. El fiscal estadounidense Thomas Mulvihill ratificó que el dinero secuestrado al venezolano en el Aeroparque era "para la campaña presidencial de la entonces candidata en la Argentina, Cristina Kirchner".

Mulvihill aludió a las grabaciones de los acusados obtenidas por el FBI y dijo que esas pruebas "reflejan claramente a dónde iba el dinero", según consigna un cable de la agencia AFP.

El juicio comenzó formalmente hoy luego de que la semana pasada se seleccionara al jurado que deberá emitir sentencia.

"El dinero iba a la campaña de Cristina Kirchner (...) y fue Franklin Durán quien le dijo a Antonini cuál era el destino del dinero", agregó Mulvihill.

Durán está acusado en el juicio por el gobierno de Estados Unidos de actuar en Miami como agente encubierto de Venezuela para presionar a Antonini y obligarlo a ocultar el origen y el destino del dinero.

Los alegatos del fiscal y del abogado de Franklin Durán, uno de los ex socios de Antonini, que es el único acusado, se conocen en un clima de creciente presión.

Según se pudo constatar, las autoridades estadounidenses aumentaron la presión en los últimos días para que los detenidos que se declararon culpables, Carlos Kauffmann y Moisés Maionica, ventilen más información sobre el manejo de dólares negros en Venezuela y su lavado en el exterior.

La demanda de información sobre Maionica y Kauffmann podría continuar hasta los días mismos de sus sentencias, este viernes y el lunes próximo, respectivamente. El fiscal Mulvihill no les confirmó aún cuáles serán las condenas que le recomendará a la jueza Joan Lenard, para así agudizar la presión.

El objetivo es que Maionica aporte más detalles sobre sus contactos dentro del gobierno chavista y que Kauffmann complique más a su ex socio, Durán, que contactó a Antonini en Florida como lo haría cualquier amigo, no como un "agente encubierto" chavista.