No conforme con haber ordenado a las fuerzas policiales y de seguridad que le informen sobre todos los pedidos que reciben de los jueces, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, estableció también un férreo control sobre la Oficina Anticorrupción (OA), que redundará en un aún menor afán de investigar posibles hechos de corrupción de los funcionarios del Gobierno.
En efecto, mientras aumentan las críticas judiciales a la decisión del ministro de usar a las fuerzas policiales y de seguridad que de él dependen para saber qué medidas de investigación ordenan los jueces, se conoció otra resolución del ministro, fechada el 21 del mes último, en la que dispuso que cualquier investigación que vaya a encarar la OA solamente podrá ser promovida mediante "una solicitud expresa del fiscal de control administrativo", Abel Fleitas Ortiz de Rosas, una persona absolutamente funcional al Matrimonio Kirchner y puesto en ese lugar para trabar cualquier posible investigación sobre la corrupción del actual gobierno de Cristina Férnandez y del anterior gobierno de Néstor Kirchner.
Antes, esa facultad de iniciar investigaciones en la OA no era privativa de su titular y cualquier investigador del organismo podía darles comienzo.
La nueva modalidad concentra el poder de decisión en un subordinado del ministro, pues la OA depende del Ministerio de Justicia, lo que convierte al organismo en un ente absolutamente cercado por el poder, y por lo tanto lo corrompe en sus fines. A su vez, esta grave decisión se conjuga con otras dos no menos graves. Una, contenida en la misma resolución, impide que los investigadores de la OA soliciten información a organismos nacionales, provinciales, comunales y privados si no cuentan con la firma de Fleitas Ortiz de Rosas. Antes, los investigadores podían solicitar documentación o expedientes sin la necesidad de pedirle autorización al titular de la OA.
La otra medida data del año último y probablemente fue la que permitió atisbar entonces el camino cada vez más angosto que el kirchnerismo le reservaba a la OA. Consistió en anular las designaciones que los cinco investigadores principales habían ganado por concurso. Esas designaciones les habrían conferido estabilidad y permanencia a esos investigadores encargados de importantes casos de corrupción. Ahora, la continuidad de sus tareas depende solamente de la voluntad del oficialismo de renovarles, o no, sus contratos.
Esta última medida da clara señal de las ambiociones de manipulación del poder por parte del Matrimonio Kirchner, así como sus necesidad de ocultar la enorme corrupción que rodea a su gobierno y el ejercicio del terrorismo de estado en la presión sobre cualquier investigación en su contra.
Bajo la gestión del matrimonio Kirchner la OA, creada en diciembre de 1999 con facultades para constituirse en querellante en casos de corrupción, se ha caracterizado por su ineficiencia.
Las nuevas disposiciones del ministro Fernández la tornarán aún más ineficiente en momentos en que hay serios casos de presunta corrupción que preocupan al Gobierno, como la valija con 800.000 dólares del venezolano Guido Antonini Wilson y el caso Skanska, que no por casualidad marchan a paso extremadamente cansino en la Justicia. De ahondarse, ambos casos podrían, a su vez, abrir nuevas investigaciones. De hecho, es lo que ha ocurrido con el de las presuntas coimas y sobreprecios de Skanska.
Es posible que el pecado original de la OA radique en su dependencia del Poder Ejecutivo, pero no es menos cierto que el actual gobierno, que llegó al poder con la promesa de Cristina Fernández de Kirchner de mejorar la calidad institucional, hace todo lo posible para inmovilizar a la ya aletargada OA.
Sumado al control que ejerce el Gobierno sobre la Justicia a través del Consejo de la Magistratura y a los intentos de acotar la independencia de la Auditoría General de la Nación, la decisión del ministro Fernández no hace más que confirmar que el kirchnerismo tiene miedo, y mucho, a ser investigado y que ya ni siquiera le preocupa que ese miedo se note.
En efecto, mientras aumentan las críticas judiciales a la decisión del ministro de usar a las fuerzas policiales y de seguridad que de él dependen para saber qué medidas de investigación ordenan los jueces, se conoció otra resolución del ministro, fechada el 21 del mes último, en la que dispuso que cualquier investigación que vaya a encarar la OA solamente podrá ser promovida mediante "una solicitud expresa del fiscal de control administrativo", Abel Fleitas Ortiz de Rosas, una persona absolutamente funcional al Matrimonio Kirchner y puesto en ese lugar para trabar cualquier posible investigación sobre la corrupción del actual gobierno de Cristina Férnandez y del anterior gobierno de Néstor Kirchner.
Antes, esa facultad de iniciar investigaciones en la OA no era privativa de su titular y cualquier investigador del organismo podía darles comienzo.
La nueva modalidad concentra el poder de decisión en un subordinado del ministro, pues la OA depende del Ministerio de Justicia, lo que convierte al organismo en un ente absolutamente cercado por el poder, y por lo tanto lo corrompe en sus fines. A su vez, esta grave decisión se conjuga con otras dos no menos graves. Una, contenida en la misma resolución, impide que los investigadores de la OA soliciten información a organismos nacionales, provinciales, comunales y privados si no cuentan con la firma de Fleitas Ortiz de Rosas. Antes, los investigadores podían solicitar documentación o expedientes sin la necesidad de pedirle autorización al titular de la OA.
La otra medida data del año último y probablemente fue la que permitió atisbar entonces el camino cada vez más angosto que el kirchnerismo le reservaba a la OA. Consistió en anular las designaciones que los cinco investigadores principales habían ganado por concurso. Esas designaciones les habrían conferido estabilidad y permanencia a esos investigadores encargados de importantes casos de corrupción. Ahora, la continuidad de sus tareas depende solamente de la voluntad del oficialismo de renovarles, o no, sus contratos.
Esta última medida da clara señal de las ambiociones de manipulación del poder por parte del Matrimonio Kirchner, así como sus necesidad de ocultar la enorme corrupción que rodea a su gobierno y el ejercicio del terrorismo de estado en la presión sobre cualquier investigación en su contra.
Bajo la gestión del matrimonio Kirchner la OA, creada en diciembre de 1999 con facultades para constituirse en querellante en casos de corrupción, se ha caracterizado por su ineficiencia.
Las nuevas disposiciones del ministro Fernández la tornarán aún más ineficiente en momentos en que hay serios casos de presunta corrupción que preocupan al Gobierno, como la valija con 800.000 dólares del venezolano Guido Antonini Wilson y el caso Skanska, que no por casualidad marchan a paso extremadamente cansino en la Justicia. De ahondarse, ambos casos podrían, a su vez, abrir nuevas investigaciones. De hecho, es lo que ha ocurrido con el de las presuntas coimas y sobreprecios de Skanska.
Es posible que el pecado original de la OA radique en su dependencia del Poder Ejecutivo, pero no es menos cierto que el actual gobierno, que llegó al poder con la promesa de Cristina Fernández de Kirchner de mejorar la calidad institucional, hace todo lo posible para inmovilizar a la ya aletargada OA.
Sumado al control que ejerce el Gobierno sobre la Justicia a través del Consejo de la Magistratura y a los intentos de acotar la independencia de la Auditoría General de la Nación, la decisión del ministro Fernández no hace más que confirmar que el kirchnerismo tiene miedo, y mucho, a ser investigado y que ya ni siquiera le preocupa que ese miedo se note.
