Un tribunal disfrazado de observatorio. Publicado por La Nación el domingo 13 de abril de 2008.
Por Claudio A. Jacquelin, de la Redacción de LA NACION.
Los hechos no adquieren importancia ni significación sino por el contexto en el que ocurren, por las consecuencias que acarrean y por las causas que los precipitan. Nada de eso puede habérsele escapado al Gobierno y, mucho menos, a los integrantes del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA cuando produjeron, compartieron y difundieron el dictamen de esa alta casa de estudios, crítico de algunos (sólo algunos) medios de comunicación privados y ninguno público.
El pronunciamiento se dio en medio de la extrema crispación que provocó en el Gobierno el mayor conflicto que el kirchnerismo enfrentó en cincos años. Ese contexto básico está ausente en el dictamen. También están ausentes la descalificación pública que hizo la Presidenta de medios y periodistas cuyos nombres fueron arrojados alegremente a la multitud, y las presiones y actos de amedrentamiento cometidos por funcionarios y funcionales al Gobierno.
En un solo acto se perdió, así, otra oportunidad de abordar seriamente el imprescindible debate sobre el rol de los medios, la calidad de las coberturas periodísticas y la observancia de normas éticas.
No parece que pueda disparar ninguna autocrítica la presentación de un documento condenatorio junto a la jefa de uno de los poderes ejecutivos más poderosos y con menos controles desde que se restauró la democracia.
Tampoco hace honor a la reclamada honestidad intelectual haber buscado el atajo de relanzar el Observatorio de Discriminación en los Medios, que depende del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), para difundir un documento cuyo contenido y conclusiones exceden largamente esa temática. Y, al mismo tiempo, olvidar que en el Inadi existe una denuncia sobre discriminación en la distribución de la pauta de publicidad oficial, que no es tratada porque su titular, María José Lubertino, no lo considera prioritario.
Pero no cabe descartar de plano el documento, porque aporta algunas observaciones valiosas para ser tenidas en cuenta antes de abordar y tratar periodísticamente ciertos acontecimientos.
De igual manera, no puede obviarse la contradicción que implican afirmaciones tales como que el Observatorio no evaluará contenidos. Tampoco, las arbitrariedades interpretativas que juzgan intenciones sin basarse en hechos comprobables. Mucho menos, la curiosidad de que el patrón de conducta profesional establecido sea el del diario editado gracias al financiamiento de la Secretaría de Medios de la Presidencia y de otros organismos del estado nacional y de la provincia de Santa Cruz.
Y no ayuda a creer en la imparcialidad del juicio la ausencia de pronunciamientos de la facultad que dirige Federico Schuster sobre lo que ocurre con y en los medios de comunicación del Estado.
La sordera y el encapsulamiento suelen provocar alienación. Es cierto que los medios y los periodistas se exponen cada día al escrutinio de sus audiencias, pero no pueden objetar que haya, como en muchos otros países, un observatorio de los medios. Suelen ser muy beneficiosos, pero sólo si son plurales y ajenos al poder. No parece ser éste el caso. Nadie puede estar dispuesto a aceptar someterse a un Tribunal parcial que no acepta apelaciones y al que se disfraza de Observatorio. Mucho menos que se obligue a optar en una pelea entre los malos y los peores, porque ahí nunca gana lo bueno.
También para quienes toman decisiones suele ser letal el aislamiento, la inclinación a las teorías conspirativas y la predisposición a condenar antes que a observar. Hermengildo Sábat es desde hace muchos años uno de los más fieles intérpretes de los sentimientos de la sociedad argentina. ¿Nadie se atrevió a decirle a la Presidenta que cada vez que hablaba bajaba su popularidad? Tal vez, habría comprendido que el maestro de la caricatura política sólo le estaba dando un buen consejo.
cjacquelin@lanacion.com.ar
Por Claudio A. Jacquelin, de la Redacción de LA NACION.
Los hechos no adquieren importancia ni significación sino por el contexto en el que ocurren, por las consecuencias que acarrean y por las causas que los precipitan. Nada de eso puede habérsele escapado al Gobierno y, mucho menos, a los integrantes del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA cuando produjeron, compartieron y difundieron el dictamen de esa alta casa de estudios, crítico de algunos (sólo algunos) medios de comunicación privados y ninguno público.
El pronunciamiento se dio en medio de la extrema crispación que provocó en el Gobierno el mayor conflicto que el kirchnerismo enfrentó en cincos años. Ese contexto básico está ausente en el dictamen. También están ausentes la descalificación pública que hizo la Presidenta de medios y periodistas cuyos nombres fueron arrojados alegremente a la multitud, y las presiones y actos de amedrentamiento cometidos por funcionarios y funcionales al Gobierno.
En un solo acto se perdió, así, otra oportunidad de abordar seriamente el imprescindible debate sobre el rol de los medios, la calidad de las coberturas periodísticas y la observancia de normas éticas.
No parece que pueda disparar ninguna autocrítica la presentación de un documento condenatorio junto a la jefa de uno de los poderes ejecutivos más poderosos y con menos controles desde que se restauró la democracia.
Tampoco hace honor a la reclamada honestidad intelectual haber buscado el atajo de relanzar el Observatorio de Discriminación en los Medios, que depende del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), para difundir un documento cuyo contenido y conclusiones exceden largamente esa temática. Y, al mismo tiempo, olvidar que en el Inadi existe una denuncia sobre discriminación en la distribución de la pauta de publicidad oficial, que no es tratada porque su titular, María José Lubertino, no lo considera prioritario.
Pero no cabe descartar de plano el documento, porque aporta algunas observaciones valiosas para ser tenidas en cuenta antes de abordar y tratar periodísticamente ciertos acontecimientos.
De igual manera, no puede obviarse la contradicción que implican afirmaciones tales como que el Observatorio no evaluará contenidos. Tampoco, las arbitrariedades interpretativas que juzgan intenciones sin basarse en hechos comprobables. Mucho menos, la curiosidad de que el patrón de conducta profesional establecido sea el del diario editado gracias al financiamiento de la Secretaría de Medios de la Presidencia y de otros organismos del estado nacional y de la provincia de Santa Cruz.
Y no ayuda a creer en la imparcialidad del juicio la ausencia de pronunciamientos de la facultad que dirige Federico Schuster sobre lo que ocurre con y en los medios de comunicación del Estado.
La sordera y el encapsulamiento suelen provocar alienación. Es cierto que los medios y los periodistas se exponen cada día al escrutinio de sus audiencias, pero no pueden objetar que haya, como en muchos otros países, un observatorio de los medios. Suelen ser muy beneficiosos, pero sólo si son plurales y ajenos al poder. No parece ser éste el caso. Nadie puede estar dispuesto a aceptar someterse a un Tribunal parcial que no acepta apelaciones y al que se disfraza de Observatorio. Mucho menos que se obligue a optar en una pelea entre los malos y los peores, porque ahí nunca gana lo bueno.
También para quienes toman decisiones suele ser letal el aislamiento, la inclinación a las teorías conspirativas y la predisposición a condenar antes que a observar. Hermengildo Sábat es desde hace muchos años uno de los más fieles intérpretes de los sentimientos de la sociedad argentina. ¿Nadie se atrevió a decirle a la Presidenta que cada vez que hablaba bajaba su popularidad? Tal vez, habría comprendido que el maestro de la caricatura política sólo le estaba dando un buen consejo.
cjacquelin@lanacion.com.ar
