Están demoradas y sin procesamientos. Dificultades para investigar al poder. Publicado en la Edición impresa de La Nación del Martes 29 de abril de 2008.
Llegaron a la justicia federal como denuncias explosivas contra influyentes figuras del oficialismo y causaron revuelo en el poder y en la sociedad. Pero pasó el tiempo y esas causas judiciales contra funcionarios o ex funcionarios del kirchnerismo todavía dan sus primeros pasos, marchan lento o están al borde de la parálisis.
El abortado pago al grupo Greco, las irregularidades en los índices del Indec, el copamiento de la comisaría de La Boca que encabezó Luis D’Elía, el pago de sobornos de la constructora Skanska y la denuncia por corrupción contra la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, son los casos emblemáticos de causas con varios meses de trámite y pocos resultados.
Hubo una excepción: el procesamiento de la ex ministra de Economía Felisa Miceli por el hallazgo de una bolsa con dinero en su despacho. En las demás causas, todas iniciadas hace más de ocho meses en la justicia federal, no se dictó ningún procesamiento. Sólo se tomaron indagatorias en el caso Skanska, hace un año, pero aún no se resolvió la situación de los acusados.
Hace una semana, el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, sostuvo que no estaban “dadas las condiciones para procesar a un funcionario en actividad”, debido a las “presiones” que ejerce el poder político. El abogado Ricardo Monner Sans, denunciante de los casos Greco y Picolotti, coincidió. "Las causas no avanzan, se mueren, y la lucha contra la corrupción no existe. Prácticamente ya no quedan fiscales que impulsen investigaciones contra los poderosos, y después de la reforma del Consejo de la Magistratura los jueces tienen miedo", dijo a LA NACION.
Para Manuel Garrido, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y responsable de impulsar causas contra funcionarios, el problema no es exclusivo de este momento. "Los resultados de las causas sobre hechos de corrupción son pobres por múltiples factores, entre ellos, un sistema procesal vetusto que da muchas herramientas para demorar las causas y hacerlas prescribir", consideró. "Si los jueces dicen que no pueden investigar al poder político, habría que analizar si pueden ejercer sin ataduras su rol de control sobre otros poderes", agregó.
En el caso Greco, a cargo del juez Sergio Torres, se investiga la autorización del pago de una indemnización de más de 600 millones de pesos a un grupo mendocino expropiado por la dictadura. La operación es cuestionada porque cuando se acordó la cifra el Estado no tuvo en cuenta una supuesta deuda en su favor de 164 millones de pesos.
La causa se inició en febrero de 2007 con una denuncia de Miceli, que acusó a cuatro funcionarios del área jurídica de su ministerio. Fue después de que el Senado, donde el radicalismo destapó el escándalo, frenó la emisión de bonos destinados al pago, propuesta por la propia Miceli y aprobada en Diputados, a fin de 2006. Por una denuncia posterior de Monner Sans, también quedaron imputados la ministra y el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, acusado de adulterar un dictamen sobre el caso.
En los primeros días, Torres dispuso medidas que encaminaron la investigación hacia funcionarios de la gestión de Roberto Lavagna en Economía. Pero, a más de un año del inicio de la causa, el fiscal Miguel Angel Osorio piensa que todavía no hay pruebas para pedir indagatorias.
Sí hubo pedidos para interrogar a los sospechosos de la adulteración del índice de precios al consumidor (IPC), iniciada en abril del año pasado. Carlos Stornelli, ex fiscal y actual ministro de Seguridad bonaerense, y Garrido reclamaron al juez Rodolfo Canicoba Corral que citara al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y a dos funcionarias del Indec.
El expediente acaba de regresar al juzgado, luego de que la Cámara de Casación rechazó un planteo del Ministerio de Economía para mantener en secreto información estadística obtenida en un allanamiento. Igualmente, Moreno y sus funcionarias parecen lejos de tener que declarar. "Hay que entender que no cualquier cambio en la metodología de medición es delictiva. Lo que estamos intentando corroborar es si hubo adulteración de datos", explicó Canicoba Corral, autor de un procesamiento contra un funcionario en ejercicio, el ex secretario de Agricultura Miguel Campos, luego revocado por la Cámara Federal.
A cuatro años.
La demora más evidente se da en la causa contra D Elía por la toma de la comisaría 24a, de La Boca, ocurrida el 26 de junio de 2004 y transmitida en directo por televisión.
Torres, el sexto juez de la causa, investiga el caso desde agosto de 2006. A fines de 2004, el entonces juez Jorge Urso citó a D Elía por once delitos y ordenó su "inmediata detención". Pero como por entonces era diputado bonaerense y tenía fueros, la orden contra D Elía nunca se concretó.
El fiscal Luis Comparatore reiteró la semana pasada un pedido de indagatorias, que incluyó al ex jefe de la Policía Federal Eduardo Prados pero no a D Elía. Conscientes del peligro del paso de los meses, en la fiscalía analiza medidas para evitar la prescripción del expediente.
También es clara la demora en la causa sobre el pago de coimas de la constructora sueca Skanska, que se tramita en el fuero federal. En especial si se compara con el avance que tuvo el expediente paralelo, del fuero en lo penal tributario, en el que el juez Javier López Biscayart procesó al ex funcionario Néstor Ulloa, encargado de órgano que financió las cuestionadas obras. Ese magistrado ya elevó a juicio otro tramo del caso.
La causa por coimas ya pasó por cuatro jueces federales: Guillermo Montenegro, que la dejó en septiembre para irse al gobierno de Mauricio Macri; Torres, que se hizo cargo hasta el mes pasado, cuando dejó de subrogar el juzgado que era de Montenegro; Norberto Oyarbide, que se excusó, y María Servini de Cubría, que rechazó esa excusación.
La Cámara Federal resolvió que la causa la siguiera instruyendo Oyarbide. El magistrado deberá resolver la situación procesal de más de 30 acusados que habían sido convocados por Montenegro y que fueron interrogados por éste y por Torres.
A Picolotti, el fiscal Guillermo Marijuán la imputó en agosto del año pasado por la supuesta contratación de amigos y parientes, el alquiler de aviones privados y la compra de mobiliario.
Lo primero que hicieron en el juzgado fue pedir informes a las empresas aeronáuticas para conocer los contratos firmados con la secretaría de Picolotti. La causa sigue abierta, pero ni el fiscal ni la jueza Servini consideran que haya elementos para citar a los sospechosos.
Expedientes de Kirchner. Un trámite más rápido tuvieron dos causas que involucraban al ex presidente Néstor Kirchner, una por posible enriquecimiento ilícito y otra por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de la provincia de Santa Cruz. La primera la cerró en marzo de 2005 el juez federal Julián Ercolini, que había asumido en octubre del año anterior. La del dinero proveniente de regalías petroleras la clausuró en junio de 2005 el juez de Santa Cruz Santiago Losada. Se la había enviado en diciembre de 2004 el entonces juez federal Guillermo Montenegro, tras declararse incompetente. Una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito se cerró el mes pasado, pero la decisión fue apelada y la causa está en la Cámara Federal.
Miceli. Sospechas en la indemnización millonaria al grupo Greco. La causa se inició en febrero de 2007. Están imputados Miceli, Guglielmino y otros cuatro funcionarios. No hubo procesamientos.
D´Elía. La violenta toma de la comisaría, ocurrida hace casi cuatro años. Comenzó en junio de 2004. Se pidieron las declaraciones de D Elía, Prados y otros funcionarios. No se tomaron las indagatorias.
Picolotti. Acusaciones de manejos irregulares de fondos. La secretaria de Ambiente está investigada desde agosto de 2007 por contrataciones irregulares. No hubo procesamientos.
Moreno. Denuncias de adulteración de los índices del Indec. Los fiscales Stornelli y Garrido reclamaron la citación de Moreno (foto) y de dos funcionarias. El juez Canicoba Corral no hizo lugar a los pedidos.
Por Gabriel Sued.
De la Redacción de LA NACION.
Llegaron a la justicia federal como denuncias explosivas contra influyentes figuras del oficialismo y causaron revuelo en el poder y en la sociedad. Pero pasó el tiempo y esas causas judiciales contra funcionarios o ex funcionarios del kirchnerismo todavía dan sus primeros pasos, marchan lento o están al borde de la parálisis.
El abortado pago al grupo Greco, las irregularidades en los índices del Indec, el copamiento de la comisaría de La Boca que encabezó Luis D’Elía, el pago de sobornos de la constructora Skanska y la denuncia por corrupción contra la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, son los casos emblemáticos de causas con varios meses de trámite y pocos resultados.
Hubo una excepción: el procesamiento de la ex ministra de Economía Felisa Miceli por el hallazgo de una bolsa con dinero en su despacho. En las demás causas, todas iniciadas hace más de ocho meses en la justicia federal, no se dictó ningún procesamiento. Sólo se tomaron indagatorias en el caso Skanska, hace un año, pero aún no se resolvió la situación de los acusados.
Hace una semana, el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, sostuvo que no estaban “dadas las condiciones para procesar a un funcionario en actividad”, debido a las “presiones” que ejerce el poder político. El abogado Ricardo Monner Sans, denunciante de los casos Greco y Picolotti, coincidió. "Las causas no avanzan, se mueren, y la lucha contra la corrupción no existe. Prácticamente ya no quedan fiscales que impulsen investigaciones contra los poderosos, y después de la reforma del Consejo de la Magistratura los jueces tienen miedo", dijo a LA NACION.
Para Manuel Garrido, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y responsable de impulsar causas contra funcionarios, el problema no es exclusivo de este momento. "Los resultados de las causas sobre hechos de corrupción son pobres por múltiples factores, entre ellos, un sistema procesal vetusto que da muchas herramientas para demorar las causas y hacerlas prescribir", consideró. "Si los jueces dicen que no pueden investigar al poder político, habría que analizar si pueden ejercer sin ataduras su rol de control sobre otros poderes", agregó.
En el caso Greco, a cargo del juez Sergio Torres, se investiga la autorización del pago de una indemnización de más de 600 millones de pesos a un grupo mendocino expropiado por la dictadura. La operación es cuestionada porque cuando se acordó la cifra el Estado no tuvo en cuenta una supuesta deuda en su favor de 164 millones de pesos.
La causa se inició en febrero de 2007 con una denuncia de Miceli, que acusó a cuatro funcionarios del área jurídica de su ministerio. Fue después de que el Senado, donde el radicalismo destapó el escándalo, frenó la emisión de bonos destinados al pago, propuesta por la propia Miceli y aprobada en Diputados, a fin de 2006. Por una denuncia posterior de Monner Sans, también quedaron imputados la ministra y el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, acusado de adulterar un dictamen sobre el caso.
En los primeros días, Torres dispuso medidas que encaminaron la investigación hacia funcionarios de la gestión de Roberto Lavagna en Economía. Pero, a más de un año del inicio de la causa, el fiscal Miguel Angel Osorio piensa que todavía no hay pruebas para pedir indagatorias.
Sí hubo pedidos para interrogar a los sospechosos de la adulteración del índice de precios al consumidor (IPC), iniciada en abril del año pasado. Carlos Stornelli, ex fiscal y actual ministro de Seguridad bonaerense, y Garrido reclamaron al juez Rodolfo Canicoba Corral que citara al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y a dos funcionarias del Indec.
El expediente acaba de regresar al juzgado, luego de que la Cámara de Casación rechazó un planteo del Ministerio de Economía para mantener en secreto información estadística obtenida en un allanamiento. Igualmente, Moreno y sus funcionarias parecen lejos de tener que declarar. "Hay que entender que no cualquier cambio en la metodología de medición es delictiva. Lo que estamos intentando corroborar es si hubo adulteración de datos", explicó Canicoba Corral, autor de un procesamiento contra un funcionario en ejercicio, el ex secretario de Agricultura Miguel Campos, luego revocado por la Cámara Federal.
A cuatro años.
La demora más evidente se da en la causa contra D Elía por la toma de la comisaría 24a, de La Boca, ocurrida el 26 de junio de 2004 y transmitida en directo por televisión.
Torres, el sexto juez de la causa, investiga el caso desde agosto de 2006. A fines de 2004, el entonces juez Jorge Urso citó a D Elía por once delitos y ordenó su "inmediata detención". Pero como por entonces era diputado bonaerense y tenía fueros, la orden contra D Elía nunca se concretó.
El fiscal Luis Comparatore reiteró la semana pasada un pedido de indagatorias, que incluyó al ex jefe de la Policía Federal Eduardo Prados pero no a D Elía. Conscientes del peligro del paso de los meses, en la fiscalía analiza medidas para evitar la prescripción del expediente.
También es clara la demora en la causa sobre el pago de coimas de la constructora sueca Skanska, que se tramita en el fuero federal. En especial si se compara con el avance que tuvo el expediente paralelo, del fuero en lo penal tributario, en el que el juez Javier López Biscayart procesó al ex funcionario Néstor Ulloa, encargado de órgano que financió las cuestionadas obras. Ese magistrado ya elevó a juicio otro tramo del caso.
La causa por coimas ya pasó por cuatro jueces federales: Guillermo Montenegro, que la dejó en septiembre para irse al gobierno de Mauricio Macri; Torres, que se hizo cargo hasta el mes pasado, cuando dejó de subrogar el juzgado que era de Montenegro; Norberto Oyarbide, que se excusó, y María Servini de Cubría, que rechazó esa excusación.
La Cámara Federal resolvió que la causa la siguiera instruyendo Oyarbide. El magistrado deberá resolver la situación procesal de más de 30 acusados que habían sido convocados por Montenegro y que fueron interrogados por éste y por Torres.
A Picolotti, el fiscal Guillermo Marijuán la imputó en agosto del año pasado por la supuesta contratación de amigos y parientes, el alquiler de aviones privados y la compra de mobiliario.
Lo primero que hicieron en el juzgado fue pedir informes a las empresas aeronáuticas para conocer los contratos firmados con la secretaría de Picolotti. La causa sigue abierta, pero ni el fiscal ni la jueza Servini consideran que haya elementos para citar a los sospechosos.
Expedientes de Kirchner. Un trámite más rápido tuvieron dos causas que involucraban al ex presidente Néstor Kirchner, una por posible enriquecimiento ilícito y otra por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de la provincia de Santa Cruz. La primera la cerró en marzo de 2005 el juez federal Julián Ercolini, que había asumido en octubre del año anterior. La del dinero proveniente de regalías petroleras la clausuró en junio de 2005 el juez de Santa Cruz Santiago Losada. Se la había enviado en diciembre de 2004 el entonces juez federal Guillermo Montenegro, tras declararse incompetente. Una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito se cerró el mes pasado, pero la decisión fue apelada y la causa está en la Cámara Federal.
Miceli. Sospechas en la indemnización millonaria al grupo Greco. La causa se inició en febrero de 2007. Están imputados Miceli, Guglielmino y otros cuatro funcionarios. No hubo procesamientos.
D´Elía. La violenta toma de la comisaría, ocurrida hace casi cuatro años. Comenzó en junio de 2004. Se pidieron las declaraciones de D Elía, Prados y otros funcionarios. No se tomaron las indagatorias.
Picolotti. Acusaciones de manejos irregulares de fondos. La secretaria de Ambiente está investigada desde agosto de 2007 por contrataciones irregulares. No hubo procesamientos.
Moreno. Denuncias de adulteración de los índices del Indec. Los fiscales Stornelli y Garrido reclamaron la citación de Moreno (foto) y de dos funcionarias. El juez Canicoba Corral no hizo lugar a los pedidos.
Por Gabriel Sued.
De la Redacción de LA NACION.
