Por Adrián Ventura (aventura@lanacion.com.ar). Publicado en la edición gráfica del Diario La Nación del miércoles 23 de abril de 2008.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, cuando dijo que en la Argentina no están dadas las condiciones para investigar al poder político, dijo algo cierto. Pero omitió una parte de la verdad: hay fiscales, jueces y funcionarios dispuestos a complacer al poder político. Esto es mucho peor.
Cuando Recondo salió a formular tan grave denuncia sobre la existencia de presiones en la Justicia, imaginó que la Corte lo respaldaría y que el sector político lo criticaría.
Ocurrió exactamente lo opuesto. Los ministros de la Corte aseguran que no sufren presiones o, por lo menos, no las aceptan, algo que el tribunal prueba con varios fallos verdaderamente independientes.
Por el contrario, mientras muchos jueces inferiores, que sí sufren presiones, lo llamaron para alentarlo, hay magistrados y funcionarios que parecen interesados en complacer al poder político.
En las últimas 48 horas, dos fiscales se apresuraron a complacer al Gobierno en su abierta embestida contra el campo. Anteayer, trascendió la decisión de un fiscal federal de promover una denuncia penal contra el dirigente rural Alfredo De Angeli y, ayer, la decisión de otro fiscal de requerir la instrucción de la causa.
Es cierto que De Angeli incurrió en un exabrupto cuando dijo que la gente de campo estaba armada para resistir. Pero esa expresión no pasa de ser, a lo sumo, una triste manifestación de torpeza o, si se quiere, una interpretación histriónica del enojo que vive el campo por el manoseo al que lo viene sometiendo el Gobierno. Pero en modo alguno abriga peligrosidad alguna de convertirse en actos violentos. Por el contrario, cuesta mucho no comparar esa decidida embestida con la debilidad que mostró la Justicia con el piquetero Luis D Elia, que nunca fue condenado por haber tomado, en 2004, una comisaría en La Boca, ni tampoco es perseguido penalmente por los actos de violencia que protagonizó, semanas atrás, en Plaza de Mayo.
En las últimas horas, el Gobierno decidió volcar toda su fuerza sobre el campo: además de lanzarse en contra de De Angeli, la Secretaría de Medio Ambiente pidió embargar por 200 millones de pesos a los propietarios de los campos incendiados, cuando ni siquiera hay pruebas de que ellos sean los responsables de haber encendido el fuego y, por otro lado, trascendió que se lanzará un fuerte operativo fiscal sobre el sector rural.
Nadie puede dudar de que alguien que, con un arma, amenace a otro debe ser castigado. También hay que individualizar y castigar a quienes fueron responsables de los incendios y provocaron enormes pérdidas en vidas, transporte y comercio.
Por eso se necesitan jueces independientes. Por eso, los dichos de Recondo tienen un significado particular. Por eso es riesgoso que la Argentina se haya convertido en un país donde la única ley aplicable parece ser la que, unilateralmente, dicta algún funcionario autoritario del Poder Ejecutivo, sin que ningún juez se sienta habilitado o animado a invalidar los excesos. ¿O acaso prosperaron las causas iniciadas contra el aumento abusivo de las retenciones?
En la Justicia trabajan miles de hombres, muchos de los cuales se desempeñan honradamente. Desde ese punto de vista, una generalización como la de Recondo puede herir la dignidad de esas personas.
Pero también es cierto que el Consejo de la Magistratura y otras instancias políticas se convirtieron en canales muy fluidos para ejercer presiones políticas o canjear favores.
La Argentina está alejándose, tristemente, de los cauces republicanos.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, cuando dijo que en la Argentina no están dadas las condiciones para investigar al poder político, dijo algo cierto. Pero omitió una parte de la verdad: hay fiscales, jueces y funcionarios dispuestos a complacer al poder político. Esto es mucho peor.
Cuando Recondo salió a formular tan grave denuncia sobre la existencia de presiones en la Justicia, imaginó que la Corte lo respaldaría y que el sector político lo criticaría.
Ocurrió exactamente lo opuesto. Los ministros de la Corte aseguran que no sufren presiones o, por lo menos, no las aceptan, algo que el tribunal prueba con varios fallos verdaderamente independientes.
Por el contrario, mientras muchos jueces inferiores, que sí sufren presiones, lo llamaron para alentarlo, hay magistrados y funcionarios que parecen interesados en complacer al poder político.
En las últimas 48 horas, dos fiscales se apresuraron a complacer al Gobierno en su abierta embestida contra el campo. Anteayer, trascendió la decisión de un fiscal federal de promover una denuncia penal contra el dirigente rural Alfredo De Angeli y, ayer, la decisión de otro fiscal de requerir la instrucción de la causa.
Es cierto que De Angeli incurrió en un exabrupto cuando dijo que la gente de campo estaba armada para resistir. Pero esa expresión no pasa de ser, a lo sumo, una triste manifestación de torpeza o, si se quiere, una interpretación histriónica del enojo que vive el campo por el manoseo al que lo viene sometiendo el Gobierno. Pero en modo alguno abriga peligrosidad alguna de convertirse en actos violentos. Por el contrario, cuesta mucho no comparar esa decidida embestida con la debilidad que mostró la Justicia con el piquetero Luis D Elia, que nunca fue condenado por haber tomado, en 2004, una comisaría en La Boca, ni tampoco es perseguido penalmente por los actos de violencia que protagonizó, semanas atrás, en Plaza de Mayo.
En las últimas horas, el Gobierno decidió volcar toda su fuerza sobre el campo: además de lanzarse en contra de De Angeli, la Secretaría de Medio Ambiente pidió embargar por 200 millones de pesos a los propietarios de los campos incendiados, cuando ni siquiera hay pruebas de que ellos sean los responsables de haber encendido el fuego y, por otro lado, trascendió que se lanzará un fuerte operativo fiscal sobre el sector rural.
Nadie puede dudar de que alguien que, con un arma, amenace a otro debe ser castigado. También hay que individualizar y castigar a quienes fueron responsables de los incendios y provocaron enormes pérdidas en vidas, transporte y comercio.
Por eso se necesitan jueces independientes. Por eso, los dichos de Recondo tienen un significado particular. Por eso es riesgoso que la Argentina se haya convertido en un país donde la única ley aplicable parece ser la que, unilateralmente, dicta algún funcionario autoritario del Poder Ejecutivo, sin que ningún juez se sienta habilitado o animado a invalidar los excesos. ¿O acaso prosperaron las causas iniciadas contra el aumento abusivo de las retenciones?
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En la Justicia trabajan miles de hombres, muchos de los cuales se desempeñan honradamente. Desde ese punto de vista, una generalización como la de Recondo puede herir la dignidad de esas personas.
Pero también es cierto que el Consejo de la Magistratura y otras instancias políticas se convirtieron en canales muy fluidos para ejercer presiones políticas o canjear favores.
La Argentina está alejándose, tristemente, de los cauces republicanos.
