Diario La Nueva Provincia | Editorial del Martes 21 de julio de 2009.
En cualquier país serio, donde las instituciones tuviesen poder y el estado de derecho fuese algo más que un tópico, la declaración jurada de bienes del matrimonio Kirchner hubiese suscitado un escándalo, sin duda, pero también una acción judicial.
Que las actividades comerciales de dos personas vinculadas, de tal manera, al poder originen, en apenas doce meses, una tasa de ganancia del 158 por ciento y que, ¡oh casualidad!, entre el 2003 y el 2008, se hayan multiplicado siete veces, es, cuanto menos, sugestivo. Conociendo, sobre todo, los antecedentes del citado matrimonio y la corrupción verdaderamente asombrosa de sus gobiernos.
Puede que los Kirchner sean unos genios de las finanzas. Si fuesen ciudadanos sin ninguna responsabilidad pública, nada habría que objetar, siempre y cuando sus cuentas estuviesen en orden. Como no lo son, corresponde que la justicia intervenga y les invierta la carga de la prueba, precisamente por tratarse de un ex presidente y de la presidenta en ejercicio. No hay que demostrar su culpabilidad sino que ellos deben acreditar su inocencia. Así de sencillo.
Las sospechas de corrupción que los salpican son demasiado evidentes. El direccionamiento de las ventas de terrenos privilegiados en El Calafate, que ellos compraron a precio de remate y vendieron a precio de mercado, y las inconsistencias técnicas que delata la referida declaración de bienes habrían terminado en un juicio político en otro país. Aquí sabemos que ello no ocurrirá. Pero, al menos, que los jueces no sigan mirando para otro lado.
En cualquier país serio, donde las instituciones tuviesen poder y el estado de derecho fuese algo más que un tópico, la declaración jurada de bienes del matrimonio Kirchner hubiese suscitado un escándalo, sin duda, pero también una acción judicial.
Que las actividades comerciales de dos personas vinculadas, de tal manera, al poder originen, en apenas doce meses, una tasa de ganancia del 158 por ciento y que, ¡oh casualidad!, entre el 2003 y el 2008, se hayan multiplicado siete veces, es, cuanto menos, sugestivo. Conociendo, sobre todo, los antecedentes del citado matrimonio y la corrupción verdaderamente asombrosa de sus gobiernos.
Puede que los Kirchner sean unos genios de las finanzas. Si fuesen ciudadanos sin ninguna responsabilidad pública, nada habría que objetar, siempre y cuando sus cuentas estuviesen en orden. Como no lo son, corresponde que la justicia intervenga y les invierta la carga de la prueba, precisamente por tratarse de un ex presidente y de la presidenta en ejercicio. No hay que demostrar su culpabilidad sino que ellos deben acreditar su inocencia. Así de sencillo.
Las sospechas de corrupción que los salpican son demasiado evidentes. El direccionamiento de las ventas de terrenos privilegiados en El Calafate, que ellos compraron a precio de remate y vendieron a precio de mercado, y las inconsistencias técnicas que delata la referida declaración de bienes habrían terminado en un juicio político en otro país. Aquí sabemos que ello no ocurrirá. Pero, al menos, que los jueces no sigan mirando para otro lado.
