La poderosa Secretaría de Inteligencia (SI, antes conocida como SIDE) no está conforme con la masiva intervención de teléfonos y de direcciones de e-mail. Las principales víctimas de esas acciones ilegales de los espías oficiales son los periodistas, además de una inmensa lista de políticos, empresarios y sindicalistas. Ahora, la SI va por más: quiere la cárcel para dos directivos de un diario por el inexistente delito de opinión. Se trata de Bartolomé Mitre y de Julio Saguier, director y presidente del directorio de S.A. LA NACION, respectivamente.
Dos querellas por calumnias e injurias fueron presentadas contra Mitre y Saguier por Antonio Stiuso, director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia y hombre fuerte del espionaje oficial. Stiuso es, en rigor, el funcionario clave de la SI desde hace varios años y durante varios gobiernos, un hombre de "la casa", como los espías llaman a esa secretaría. Los titulares del organismo de inteligeencia son, por lo general, funcionarios políticos que caen en manos de Stiuso y de sus hombres, porque estos hacen valer sus supuestos conocimientos sobre las cosas secretas de la política y de la vida privada de las personas públicas. Stiuso es conocido, en la jerga interna del espionaje, con el seudónimo de "Jaime".
Stiuso se consideró agraviado porque un editorial de este diario opinó que la causa judicial del cruel atentado contra la sede la AMIA está contaminada por operaciones de inteligencia, que buscaron siempre desviar la atención de la investigación correcta. ¿Una novedad? No, sin duda. Se acaban de cumplir quince años de aquella tragedia sin que haya un solo preso por la muerte injusta de 85 argentinos. Hubo también cientos de heridos y mutilados en el ingrato invierno de 1994. La impunidad de ese enorme crimen sólo se puede explicar por la presunta complicidad, la evidente inoperancia y la eventual corrupción de todos los servicios y las fuerzas de un Estado ausente.
Debe subrayarse, a todo esto, que el propio Estado argentino reconoció su responsabilidad en el encubrimiento y mal desempeño durante la investigación del atentado. Las constancias de esas incapacidades pueden encontrarse fácilmente, por lo demás, en el propio expediente de la causa.
Táctica judicialLa táctica judicial utilizada por Stiuso consistió en presentar dos querellas separadas, pero por la misma causa, contra Mitre y Saguier. Es la mejor prueba de que existe una operación de persecución contra los directivos de S.A. LA NACION. La primera condena por calumnias e injurias, cuando existe, es de prisión en suspenso; es decir, no se cumple efectivamente. Pero la segunda es de cumplimiento obligatorio y, además, la primera condena sirve como precedente durante diez años. En síntesis, los directivos del diario enfrentarían penas de prisión efectiva si fueran condenados en las dos causas.
Las dos querellas fueron asignadas por "sorteo" (método por el que se asignan las causas a los respectivos juzgados) al juez Claudio Bonadío. Una extraña "casualidad" hizo que las dos causas terminaran en el mismo juzgado. Bonadío es uno de los jueces más cuestionados del fuero penal federal (tiene, de hecho, varios pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura) y muchas veces se lo vinculó al poder que está, sea éste cual fuere. LA NACION también se hizo eco de los cuestionamientos al juez Bonadío, precisamente en sus columnas editoriales, porque sencillamente consideró que su desempeño como magistrado es muy malo. Los querellados, Mitre y Saguier, advirtieron una clara animosidad cuando esas causas por calumnias e injurias fueron llevadas a un juzgado al que consideran hostil.
En ese contexto, solicitaron la recusación de Bonadío por el temor fundado a su falta de imparcialidad. El juez no tuvo el decoro de excusarse y hasta cuestionó la recusación de los querellados.
La primera pregunta que corresponde hacer es si Stiuso está actuando solo. En sus presentaciones judiciales, Stiuso señaló que actuaba "a título personal", pero en los escritos de ambas querellas asumió una defensa corporativa del espionaje oficial. El superior inmediato de Stiuso es el secretario de la SIDE, Héctor Icazuriaga, un hombre que milita en la hiperdisciplina del matrimonio Kirchner. Stiuso tiene también trato directo con Néstor Kirchner.
Stiuso es, como queda dicho, un hombre del espionaje oficial: ¿los espías actúan a título personal o, como se supone, consultan cada una de sus acciones? Para ser claros: ¿buscaría el cerebro gris de los servicios de inteligencia la prisión de dos directivos de S.A. LA NACION sólo por un arrebato personal? Esa posibilidad es extremadamente difícil, si no imposible. Una orden, un guiño o un silencio debieron interponerse entre la decisión del espía y sus acciones concretas.
Hay algo, además, que agrava todo. Los editoriales son, por definición, opiniones. No son notas ni artículos periodísticos que contienen información, expuesta siempre ésta a la probabilidad del error.
La Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reivindicado muchas veces el valor de la opinión en la defensa de la libertad de prensa. Han dicho, por ejemplo: "Toda expresión que admita ser clasificada como una opinión por sí sola no da lugar a responsabilidad civil o penal a favor de las personas que ocupan cargos en el Estado". También destacaron: "No puede haber responsabilidad alguna por la crítica o la disidencia, aun cuando sean expresadas ardorosamente".
El delito de opinión, en definitiva, no existe para la ley argentina. ¿O existe ahora, mediante la chicana judicial unida a la persecución política? El espionaje oficial ya contraviene demasiado los derechos y garantías de muchos argentinos, todos los días, como para intentar forzar ahora, también, los límites evidentes de la ley.
