Los violentos colaboradores del jaqueado secretario de Comercio, Guillermo Moreno, podrán respirar tranquilos. La presidente Cristina Kirchner no sólo ratificó anteayer en conferencia de prensa al polémico funcionario, sino que respaldó, las controvertidas metodologías de trabajo que se utilizan en el Indec desde que fue intervenido, en enero de 2007, que incluyen agresiones físicas e intimidaciones psicológicas hacia los trabajadores y sus familias, y que constituyen hasta ahora todo un "éxito".
La estrategia de interventores y colaboradores, que incluyó desplazamientos de personal, denunciadas intimidaciones públicas y reservadas, y pisos virtualmente tomados por lo que los empleados denominan como "la patota de la intervención", ha sido efectiva para un fin concreto: mantener el control de los principales resortes estadísticos que garantizan al Gobierno índices de inflación y pobreza acordes con sus deseos.
"La patota sirve para controlar a los que participamos de las protestas e intimidar a quienes podrían sumarse", afirmó Raúl Llaneza, empleado del Indec y delegado gremial de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio resistente a la intervención.
El caso de Cinthia Pok, desplazada de la dirección de la encuesta permanente de hogares, que incide en el cálculo de la ocupación, la pobreza y la indigencia, es sólo uno de las decenas de ejemplos en los que nuevos funcionarios, apoyados en denunciadas políticas de amedrentamiento, orientan el curso de trabajos de investigación a gusto de Moreno.
"A mí no me van a convertir en ñoqui. Sigo trabajando y generando estadísticas que la dirección de la entidad no publica", explica Pok, que sigue en su puesto del séptimo piso del edificio de la calle Julio A. Roca, aunque nadie le solicita nada.
Los trabajadores hacen más memoria. Dicen que Liliana Gasco y Vanina Miscello, encargadas de seguir la evolución de los alquileres, se quedaron sin computadora, asiento ni tarea asignada por orden de la directora Beatriz Paglieri, que ubicó en sus lugares a gente de su confianza. Terminaron realizando tareas de campo y difusión, trabajos que nada tienen que ver con su experiencia técnica. Marcela Almeyda, encargada del estratégico Indice de Precios al Consumidor, fue relevada de su tarea y hoy sólo deambula entre el destruido local gremial y otras dependencias.
Muy cerca de la entrada del edificio, una oficina en la que se ubicaban los encargados de la seguridad, se abrió un local de UPCN, que controla cámaras de video dentro del edificio y que, según distintos empleados, posee un equipo de sonido que permite escuchar conversaciones hasta cuatro metros de distancia. "¿Qué hacen ellos ahí? ¿Para qué necesitan controlar lo que se dice en el hall?", se indignó a LA NACION Carolina Ocar, trabajadora del área demográfica del Indec y dirigente de ATE.
Observadores.
En el segundo piso se ubica la amplia oficina de Hernán Brahim, el hombre de confianza de Guillermo Moreno en el Indec. Desde la escalera ubicada en ese piso, tres figuras jóvenes observaron la asamblea de trabajadores que decidió endurecer las medidas de protesta contra la intervención. Brahim, que participó del grupo kirchnerista que despejó una manifestación en la puerta de la residencia presidencial de Olivos hace dos meses, dejó su número particular conectado a un fax durante toda la semana, por lo que fue imposible conocer su opinión sobre el asunto.
Un piso más arriba está Paglieri, acompañada por empleados de confianza, entre los cuales figuraría Ulises Valentín, que estuvo con Brahim en Olivos y que es llamado por sus detractores como el "batata entry".
En el 9° piso, dedicado al censo agropecuario, una mampara divide a los empleados que responden a la intervención, como la directora María Ester Colombo, de los rebeldes.
En el décimo piso está el destruido local de ATE, hoy precintado y cerrado luego de los destrozos provocados por los leales a Moreno la semana última. Sólo funcionan locales de UPCN. "Vamos a pedir que se rehabilite el local, porque es nuestro y hoy no podemos disponer de él", agrega Daniel Fazzio, uno de los líderes de la protesta y miembro de la CTA.
Desde el gremio afirman que la situación se repite en las sedes del Indec de Rivadavia al 700 y Paseo Colón y Carlos Calvo, que serían manejadas por Rubén Zampino y José Luis Blanco, lugartenientes de Moreno.
Mientras miraban muy bien a su alrededor, y algunos hasta les quitaban baterías a sus celulares, unos cien empleados decidieron el jueves último iniciar una etapa de lucha que incluirá hacer sonar una sirena durante cinco minutos por día; una marcha hacia la Jefatura de Gabinete y un paro previstos para el próximo viernes 22.
Con sueldos estimados entre $ 4000 y $ 8000 (sin contar el sueldo de Brahim, que duplicaría esa cifra), los hombres de Moreno siguen imponiendo sus normas en el Indec.
No obstante, para la Presidenta, las patotas de Moreno en el Indec no existen. "Las conductas de los funcionarios deben ser valoradas no a través de las versiones, sino por el desempeño de su gestión", dijo Cristina Kirchner a la prensa para defender a Moreno y a sus seguidores.
