Que Héctor Capaccioli, el superintendente de Salud, haya sido a la vez el recaudador de las campañas presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner, en las cuales entre los principales mecenas del matrimonio aparecen empresas vinculadas al área regulada por este funcionario, es una demostración magistral del tipo de desperfectos -por llamarlos de algún modo- que perturban la vida pública argentina.
Pero Capaccioli se ha propuesto aportar más ejemplos a esa contaminación entre la esfera pública y la privada que lo tiene como protagonista. En el Boletín Oficial del jueves pasado apareció la Resolución 740/2008 por la cual el superintendente dispuso un aumento del 25% en los precios de las prestaciones médico-asistenciales que las obras sociales les pagan a las empresas de salud.
Es decir, Capaccioli resolvió intervenir en los contratos privados entre obras sociales y prestadores médicos (laboratorios, clínicas, droguerías, etc.) para que éstos últimos puedan aumentar sus ingresos.
Esa resolución es jurídicamente cuestionable, ya que le permite al Estado avanzar sobre negociaciones entre particulares. Pero también es defectuosa si se la mira desde la ética: Capaccioli, recaudador de una campaña en la cual los principales contribuyentes fueron empresas de salud, debería abstenerse de disponer de beneficios para ese sector de negocios (hay observadores más estrictos que sostienen que Capaccioli debería haber ya renunciado).
La resolución del superintendente es llamativa no sólo por sus prescripciones sino por sus fundamentos. En los considerandos de su medida, el funcionario afirma que debe subir los precios de las empresas prestadoras de salud para que éstas puedan hacer frente a los aumentos de salarios que exige la Federación de Trabajadores de la Sanidad.
Hay un aspecto que, hay que suponer, Capaccioli no tuvo en cuenta. Con su disposición terminó de acorralar a Hugo Moyano, quien encuentra cada vez más dificultades en el ejercicio de su oficialismo. Sencillo: el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, aspira a que el camionero congele las paritarias, lo que supone impedir ajustes salariales y, por lo tanto, mejoras en la recaudación de las obras sociales. Pero, por vía de la Superintendencia de Salud, el mismo gobierno aumenta los gastos de las mismas obras sociales para fortalecer los ingresos de las empresas prestadoras. Hasta la paciencia de Moyano podría tener un límite.
Pero Capaccioli se ha propuesto aportar más ejemplos a esa contaminación entre la esfera pública y la privada que lo tiene como protagonista. En el Boletín Oficial del jueves pasado apareció la Resolución 740/2008 por la cual el superintendente dispuso un aumento del 25% en los precios de las prestaciones médico-asistenciales que las obras sociales les pagan a las empresas de salud.
Es decir, Capaccioli resolvió intervenir en los contratos privados entre obras sociales y prestadores médicos (laboratorios, clínicas, droguerías, etc.) para que éstos últimos puedan aumentar sus ingresos.
Esa resolución es jurídicamente cuestionable, ya que le permite al Estado avanzar sobre negociaciones entre particulares. Pero también es defectuosa si se la mira desde la ética: Capaccioli, recaudador de una campaña en la cual los principales contribuyentes fueron empresas de salud, debería abstenerse de disponer de beneficios para ese sector de negocios (hay observadores más estrictos que sostienen que Capaccioli debería haber ya renunciado).
La resolución del superintendente es llamativa no sólo por sus prescripciones sino por sus fundamentos. En los considerandos de su medida, el funcionario afirma que debe subir los precios de las empresas prestadoras de salud para que éstas puedan hacer frente a los aumentos de salarios que exige la Federación de Trabajadores de la Sanidad.
Hay un aspecto que, hay que suponer, Capaccioli no tuvo en cuenta. Con su disposición terminó de acorralar a Hugo Moyano, quien encuentra cada vez más dificultades en el ejercicio de su oficialismo. Sencillo: el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, aspira a que el camionero congele las paritarias, lo que supone impedir ajustes salariales y, por lo tanto, mejoras en la recaudación de las obras sociales. Pero, por vía de la Superintendencia de Salud, el mismo gobierno aumenta los gastos de las mismas obras sociales para fortalecer los ingresos de las empresas prestadoras. Hasta la paciencia de Moyano podría tener un límite.
