viernes, 12 de septiembre de 2008

Una sombra implacable; por Joaquín Morales Solá.

Guido Antonini Wilson se está convirtiendo en una sombra persistente e implacable para el gobierno de Cristina Kirchner.

El primer problema de la Presidenta consiste en que las aseveraciones del lenguaraz empresario venezolano coinciden con la percepción de muchos sectores sociales y políticos locales sobre las opacas relaciones argentino-venezolanas. El segundo problema, aunque no menos importante, se refiere al creciente deterioro de los vínculos de la Argentina con Washington, ya no entendido éste como el gobierno de Bush, sino como la capital política más importante del mundo.

El "valijagate" irrumpió en la vida presidencial de Cristina Kirchner apenas tres días después de que asumiera la jefatura del Estado. El caso había estallado en el aeroparque de Buenos Aires durante la gestión de su esposo apenas cuatro meses antes del cambio de mando entre marido y esposa.

* * *

Ayer, como en diciembre, el Gobierno se empecinó en culpar a la administración norteamericana, indirectamente, de una supuesta conspiración para desestabilizar a la mandataria argentina.

De nada valieron, en síntesis, los dos viajes que hizo a Buenos Aires en los últimos meses el subsecretario de Estado, Tom Shannon, y su rotunda afirmación ante la Presidenta de que "el caso de la valija no tuvo nunca ninguna relación con la política exterior de los Estados Unidos".

La Presidenta aseguró en su momento creer en esa garantía del influyente funcionario norteamericano, pero ayer se rectificó. ¿Qué otra cosa le quedaría por hacer si no está dispuesta a profundizar en la investigación de lo que sucedió en aquella extraña madrugada de un invernal domingo del penúltimo agosto?

El riesgo que corre el partido gobernante es, en efecto, que aquellos exuberantes dólares de Antonini Wilson no hayan estado destinados, como se dijo, a financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner, sino que formaran parte de un trasiego permanente de dineros de dudoso origen entre los gobiernos de Hugo Chávez y de Néstor Kirchner. La presencia de Claudio Uberti, un funcionario menor que estaba a cargo de las autopistas argentinas, como virtual embajador comercial de Kirchner ante Chávez es lo que llama la atención.

Todo lo que significara dinero, desde convenios binacionales sobre provisión energética hasta las transacciones de empresarios argentinos con el Estado venezolano, debía pasar por la oficina de Uberti.

"Había un filtro con Uberti y otro filtro con funcionarios venezolanos para hacer cualquier negocio con Caracas, aun los referidos a los acuerdos de intercambio de energía por alimentos", contó el directivo de una empresa que debió atravesar ambos tamices. ¿Para qué existen, entonces, una embajada y una embajadora argentina en Caracas? "Las cuestiones políticas se cocinaban en un lugar y las del dinero, en otro", respondió el empresario. Uberti tiene derecho a la presunción de inocencia, pero alguien debería comprobar si realmente es inocente. ¿Se trata, además, sólo de Uberti?

* * *

Cristina Kirchner creyó desde el primer instante en una conspiración norteamericana, desde el preciso momento en que se enteró de la valija destripada en el Aeroparque. La convicción conlleva una contradicción. Antonini Wilson y su misteriosa valija viajaron en un avión rentado por el gobierno argentino (nunca se supo para qué ni por qué) que trasladaba sólo a funcionarios argentinos y venezolanos.

Si la conspiración fuera cierta, los gobiernos de Kirchner y de Chávez deberían rendirse ante la evidencia: sus funcionarios son demasiado ineptos, ciertamente ingenuos y torpes como para haber permitido que el espionaje norteamericano se metiera con su gente y sus dólares en ese avión.

Es mejor, por lo tanto, llegar a la conclusión más lógica que existe a la vista de cualquier mortal: nunca hubo mejor argumento que la denuncia de una conspiración del único imperio sobreviviente para tapar ciertas fechorías en el manejo de los recursos públicos. Chávez ha hecho uso y abuso de ese viejo y desgastado recurso.

Una reiterada defensa de los funcionarios argentinos consiste en señalar que el gobierno norteamericano no le ha concedido la extradición de Antonini Wilson, pedida por la justicia argentina. Antonini Wilson no es santo para ninguna religión seria y él mismo se ha prestado a los dudosos manejos financieros del chavismo venezolano. Es, en última instancia, una expresión cabal de la "boliburguesía" venezolana, nacida y criada al calor de los petrodólares del chavismo.

Sin embargo, ningún juez argentino pidió nunca lo que el gobierno norteamericano no podría negarle: que los magistrados argentinos puedan indagar a Antonini Wilson en los Estados Unidos. Ese mecanismo está previsto por la ley norteamericana. La extradición es, en cambio, una especie de ladrido a la luna. El venezolano es también ciudadano norteamericano y, por lo tanto, nunca se le concederá su extradición a la justicia argentina.

* * *

A todo esto, ¿para qué serviría la extradición de Antonini Wilson si la justicia argentina se ha destacado sólo por no hacer nada en la investigación del resonante caso? ¿Acaso no estaría en condiciones de seguir ninguna otra pista si careciera de la presencia en la Argentina del parlanchín venezolano? No es así, desde luego. Existen otros caminos para aproximarse a la verdad si hubiera voluntad de hacerlo.

El matrimonio Kirchner debió cancelar ayer una escala en Caracas prevista para la próxima semana. No obstante, el gobierno de Cristina Kirchner volvió a golpear sobre Washington el mismo día en que el inestable Evo Morales y el propio Chávez echaron de Bolivia y Venezuela a los embajadores norteamericanos. La prensa en los Estados Unidos comienza ya a tomar nota del caso que involucra tanto a Chávez como a los Kirchner. Hay, en verdad, mejores compañías para trotar por este mundo.

martes, 9 de septiembre de 2008

Más evidencias del vínculo entre la política y empresas de salud; Por Carlos Pagni.

Que Héctor Capaccioli, el superintendente de Salud, haya sido a la vez el recaudador de las campañas presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner, en las cuales entre los principales mecenas del matrimonio aparecen empresas vinculadas al área regulada por este funcionario, es una demostración magistral del tipo de desperfectos -por llamarlos de algún modo- que perturban la vida pública argentina.

Pero Capaccioli se ha propuesto aportar más ejemplos a esa contaminación entre la esfera pública y la privada que lo tiene como protagonista. En el Boletín Oficial del jueves pasado apareció la Resolución 740/2008 por la cual el superintendente dispuso un aumento del 25% en los precios de las prestaciones médico-asistenciales que las obras sociales les pagan a las empresas de salud.

Es decir, Capaccioli resolvió intervenir en los contratos privados entre obras sociales y prestadores médicos (laboratorios, clínicas, droguerías, etc.) para que éstos últimos puedan aumentar sus ingresos.

Esa resolución es jurídicamente cuestionable, ya que le permite al Estado avanzar sobre negociaciones entre particulares. Pero también es defectuosa si se la mira desde la ética: Capaccioli, recaudador de una campaña en la cual los principales contribuyentes fueron empresas de salud, debería abstenerse de disponer de beneficios para ese sector de negocios (hay observadores más estrictos que sostienen que Capaccioli debería haber ya renunciado).

La resolución del superintendente es llamativa no sólo por sus prescripciones sino por sus fundamentos. En los considerandos de su medida, el funcionario afirma que debe subir los precios de las empresas prestadoras de salud para que éstas puedan hacer frente a los aumentos de salarios que exige la Federación de Trabajadores de la Sanidad.

Hay un aspecto que, hay que suponer, Capaccioli no tuvo en cuenta. Con su disposición terminó de acorralar a Hugo Moyano, quien encuentra cada vez más dificultades en el ejercicio de su oficialismo. Sencillo: el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, aspira a que el camionero congele las paritarias, lo que supone impedir ajustes salariales y, por lo tanto, mejoras en la recaudación de las obras sociales. Pero, por vía de la Superintendencia de Salud, el mismo gobierno aumenta los gastos de las mismas obras sociales para fortalecer los ingresos de las empresas prestadoras. Hasta la paciencia de Moyano podría tener un límite.

El fiscal insiste en que el dinero de la valija era para Cristina Kirchner.

El juicio por Antonini en Miami. El investigador norteamericano aludió a las grabaciones de los acusados obtenidas por el FBI y aseguró que esas pruebas "reflejan claramente a dónde iba el dinero".

El juicio por la supuesta presión ejercida por agentes encubiertos sobre Guido Antonini Wilson comenzó hoy con un fuerte alegato. El fiscal estadounidense Thomas Mulvihill ratificó que el dinero secuestrado al venezolano en el Aeroparque era "para la campaña presidencial de la entonces candidata en la Argentina, Cristina Kirchner".

Mulvihill aludió a las grabaciones de los acusados obtenidas por el FBI y dijo que esas pruebas "reflejan claramente a dónde iba el dinero", según consigna un cable de la agencia AFP.

El juicio comenzó formalmente hoy luego de que la semana pasada se seleccionara al jurado que deberá emitir sentencia.

"El dinero iba a la campaña de Cristina Kirchner (...) y fue Franklin Durán quien le dijo a Antonini cuál era el destino del dinero", agregó Mulvihill.

Durán está acusado en el juicio por el gobierno de Estados Unidos de actuar en Miami como agente encubierto de Venezuela para presionar a Antonini y obligarlo a ocultar el origen y el destino del dinero.

Los alegatos del fiscal y del abogado de Franklin Durán, uno de los ex socios de Antonini, que es el único acusado, se conocen en un clima de creciente presión.

Según se pudo constatar, las autoridades estadounidenses aumentaron la presión en los últimos días para que los detenidos que se declararon culpables, Carlos Kauffmann y Moisés Maionica, ventilen más información sobre el manejo de dólares negros en Venezuela y su lavado en el exterior.

La demanda de información sobre Maionica y Kauffmann podría continuar hasta los días mismos de sus sentencias, este viernes y el lunes próximo, respectivamente. El fiscal Mulvihill no les confirmó aún cuáles serán las condenas que le recomendará a la jueza Joan Lenard, para así agudizar la presión.

El objetivo es que Maionica aporte más detalles sobre sus contactos dentro del gobierno chavista y que Kauffmann complique más a su ex socio, Durán, que contactó a Antonini en Florida como lo haría cualquier amigo, no como un "agente encubierto" chavista.

miércoles, 20 de agosto de 2008

EL TEATRO SETENTISTA - por Agustín Laje Arrigoni.

"¿Usted está de acuerdo con los juicios que se llevan adelante en todo el país contra quienes actuaron durante la última dictadura?" Fue la consigna de la encuesta que lanzó el portal periodístico INFOBAE el pasado 8 de agosto y que concluiría el 12 del mismo mes. Un importantísimo número de 10.901 personas plasmaron su opinión a través del voto virtual, dejando un inesperado resultado: 68,1% no está de acuerdo, 29,6% está de acuerdo y 2,4% no tiene opinión.

Lo que a simple vista nos podría parecer extraño, en realidad está lejos de serlo. Los números hablan por sí solos: durante la etapa de mayor auge y supuesto consenso unánime del setentismo revanchista, la sociedad en su mayoría le da la espalda. Y vale aclarar que el público del portal que realizó la encuesta no es precisamente afín al sector militar ni mucho menos.

Cuando hablamos de setentismo nos estamos refiriendo a aquella política que levanta sus banderas y pronuncia sus discursos en relación con la sangrienta década del 70. Su militancia es actual, pero está apoyada en hechos que tuvieron lugar hace más de treinta años y que lamentablemente no nos dejan mirar hacia adelante, como sabiamente decidió hacer nuestro vecino carioca. Sus objetivos directos a simple vista son, a través de la deformación histórica, victimizar y glorificar al terrorismo subversivo que se levantó en armas contra gobiernos democráticos (eufemísticamente denominando con la carátula de “jóvenes idealistas” a sus militantes) y reabrir causas y llevar a la cárcel a costa de cualquier precio a los miembros de las FF.AA y policiales que participaron en la represión antisubversiva (demonizando bajo el efectista mote de “genocida” a cualquiera que porte uniforme).

La perversa corriente política setentista no es nueva, sino que viene desarrollándose desde el regreso de la democracia, tomando especial fuerza a partir del gobierno de Nestor Kirchner, y contando hoy en día con el poder necesario para condicionar políticas de Estado, planes educativos, decisiones judiciales, subsidios millonarios, etc.

El setentismo ha entendido muy bien que ninguna decisión política toma fuerza si no es con el imprescindible apoyo de cierto consenso que la justifique, y de esta manera desde sus principios comenzó buscando simpatías y adhesiones en los medios masivos de comunicación y en sectores cuidadosamente seleccionados de la sociedad, escudándose tras la noble causa de los derechos humanos con el fin de presentar una imagen positiva. En efecto, el oficialismo encabezado en su momento por Néstor Kirchner, al presumir que los objetivos del setentismo contaban con un apoyo masivo prácticamente unánime, no dudó en volcarse a su favor y como bonificación fue creando la interesada –pero no menos falsa- imagen de “un gobierno con sensibilidad social, preocupado por los derechos humanos”.

Lo cierto es que la relación entre el setentismo y el gobierno K provee de importantes beneficios a ambos: para los primeros la concreción de sus objetivos ahora apoyados por una política de Estado; para los segundos una importante fuente de distracción operante sobre la sociedad toda, a quien se le habla de hechos pasados hace más de treinta años tapando la caótica situación por la que afronta el país en el presente y los incontables casos de corrupción que no dejan dormir tranquilos al matrimonio gobernante.

Lo cierto es que una vez que el setentismo logró acaparar el apoyo directo del poder político, la teatralización del consenso llegó a su punto más alto, materializado en la errada idea de que si el político elegido por el pueblo adopta las políticas setentistas, entonces el pueblo es quien lo adopta como opción. “La derogación de las leyes de Obediencia debida y Punto final eran una deuda pendiente con la sociedad” supo esgrimir Kirchner, quien incorporó esta nefasta corriente en su gobierno desgarrando aquellas heridas que se encontraban prácticamente sanadas.

La ficción del supuesto apoyo popular es apoyada también por otros mecanismos: así como el kirchnerismo trafica miseria comprando espectadores para sus actos, los setentistas se ven obligados a comprar agitadores para sus eventuales apariciones públicas (léase juicios contra militares, actos por la “memoria”, etc) con el fin de mantener la idea de un consenso en realidad inexistente. Contaban los correntinos al respecto, que al inicio del juicio que concluyó hace unos días en su provincia, los abanderados de los “derechos humanos” bajaron a las zonas bajas del lugar y volvieron con un importante número de gente de villa que ofreció a los familiares de los imputados “cambiarse de bando” por algunos billetes más que los pagados por los “derechohumanistas”.

Con no menos fuerza que su marido y ex presidente, Cristina Fernández continúa levantando las banderas del setentismo, mezclando por ejemplo los sucesos de la década del `70 con el reciente conflicto que el gobierno nacional mantuvo con el campo, cuando en sus discursos más que preocuparse por solucionar la disputa, se preocupaba por no olvidarse de remarcar la presencia de las Madres de Plaza de Mayo, conmemorar a los desaparecidos y tratar de vincular de alguna manera a los ruralistas con el gobierno cívico-militar imperante a partir del 24 de marzo de 1976.

Resultados como los arrojados por la encuesta citada al inicio de esta columna, dan la pauta de que nuestra sociedad sólo quiere encaminarse a la tan anhelada paz, reconciliación y prosperidad, aunque por ahora y mientras el setentismo opere, sólo serán meras expresiones de deseo de una gran mayoría, tapada por una gran minoría sostenida por el populismo mutilante que azota nuestra República.

Agustín Laje Arrigoni (El autor tiene 19 años, es estudiante universitario, autor de numerosos artículos de opinión e investigación sobre los años 70.) agustin_laje@yahoo.com.ar

lunes, 4 de agosto de 2008

Intimidaciones, espías y peleas en el Indec que maneja Moreno; por Jaime Rosemberg.

Los violentos colaboradores del jaqueado secretario de Comercio, Guillermo Moreno, podrán respirar tranquilos. La presidente Cristina Kirchner no sólo ratificó anteayer en conferencia de prensa al polémico funcionario, sino que respaldó, las controvertidas metodologías de trabajo que se utilizan en el Indec desde que fue intervenido, en enero de 2007, que incluyen agresiones físicas e intimidaciones psicológicas hacia los trabajadores y sus familias, y que constituyen hasta ahora todo un "éxito".



La estrategia de interventores y colaboradores, que incluyó desplazamientos de personal, denunciadas intimidaciones públicas y reservadas, y pisos virtualmente tomados por lo que los empleados denominan como "la patota de la intervención", ha sido efectiva para un fin concreto: mantener el control de los principales resortes estadísticos que garantizan al Gobierno índices de inflación y pobreza acordes con sus deseos.

"La patota sirve para controlar a los que participamos de las protestas e intimidar a quienes podrían sumarse", afirmó Raúl Llaneza, empleado del Indec y delegado gremial de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio resistente a la intervención.



El caso de Cinthia Pok, desplazada de la dirección de la encuesta permanente de hogares, que incide en el cálculo de la ocupación, la pobreza y la indigencia, es sólo uno de las decenas de ejemplos en los que nuevos funcionarios, apoyados en denunciadas políticas de amedrentamiento, orientan el curso de trabajos de investigación a gusto de Moreno.

"A mí no me van a convertir en ñoqui. Sigo trabajando y generando estadísticas que la dirección de la entidad no publica", explica Pok, que sigue en su puesto del séptimo piso del edificio de la calle Julio A. Roca, aunque nadie le solicita nada.

Los trabajadores hacen más memoria. Dicen que Liliana Gasco y Vanina Miscello, encargadas de seguir la evolución de los alquileres, se quedaron sin computadora, asiento ni tarea asignada por orden de la directora Beatriz Paglieri, que ubicó en sus lugares a gente de su confianza. Terminaron realizando tareas de campo y difusión, trabajos que nada tienen que ver con su experiencia técnica. Marcela Almeyda, encargada del estratégico Indice de Precios al Consumidor, fue relevada de su tarea y hoy sólo deambula entre el destruido local gremial y otras dependencias.

Muy cerca de la entrada del edificio, una oficina en la que se ubicaban los encargados de la seguridad, se abrió un local de UPCN, que controla cámaras de video dentro del edificio y que, según distintos empleados, posee un equipo de sonido que permite escuchar conversaciones hasta cuatro metros de distancia. "¿Qué hacen ellos ahí? ¿Para qué necesitan controlar lo que se dice en el hall?", se indignó a LA NACION Carolina Ocar, trabajadora del área demográfica del Indec y dirigente de ATE.

Observadores.

En el segundo piso se ubica la amplia oficina de Hernán Brahim, el hombre de confianza de Guillermo Moreno en el Indec. Desde la escalera ubicada en ese piso, tres figuras jóvenes observaron la asamblea de trabajadores que decidió endurecer las medidas de protesta contra la intervención. Brahim, que participó del grupo kirchnerista que despejó una manifestación en la puerta de la residencia presidencial de Olivos hace dos meses, dejó su número particular conectado a un fax durante toda la semana, por lo que fue imposible conocer su opinión sobre el asunto.

Un piso más arriba está Paglieri, acompañada por empleados de confianza, entre los cuales figuraría Ulises Valentín, que estuvo con Brahim en Olivos y que es llamado por sus detractores como el "batata entry".

En el 9° piso, dedicado al censo agropecuario, una mampara divide a los empleados que responden a la intervención, como la directora María Ester Colombo, de los rebeldes.

En el décimo piso está el destruido local de ATE, hoy precintado y cerrado luego de los destrozos provocados por los leales a Moreno la semana última. Sólo funcionan locales de UPCN. "Vamos a pedir que se rehabilite el local, porque es nuestro y hoy no podemos disponer de él", agrega Daniel Fazzio, uno de los líderes de la protesta y miembro de la CTA.

Desde el gremio afirman que la situación se repite en las sedes del Indec de Rivadavia al 700 y Paseo Colón y Carlos Calvo, que serían manejadas por Rubén Zampino y José Luis Blanco, lugartenientes de Moreno.


Mientras miraban muy bien a su alrededor, y algunos hasta les quitaban baterías a sus celulares, unos cien empleados decidieron el jueves último iniciar una etapa de lucha que incluirá hacer sonar una sirena durante cinco minutos por día; una marcha hacia la Jefatura de Gabinete y un paro previstos para el próximo viernes 22.

Con sueldos estimados entre $ 4000 y $ 8000 (sin contar el sueldo de Brahim, que duplicaría esa cifra), los hombres de Moreno siguen imponiendo sus normas en el Indec.

No obstante, para la Presidenta, las patotas de Moreno en el Indec no existen. "Las conductas de los funcionarios deben ser valoradas no a través de las versiones, sino por el desempeño de su gestión", dijo Cristina Kirchner a la prensa para defender a Moreno y a sus seguidores.

viernes, 1 de agosto de 2008

CARTA DE ARTURO LARRABURE EN CLARIN.

Mientras el Gobierno del Matrimonio Kirchner destina cada vez más recursos financieros a las agrupaciones madre y Abuelas de Plaza de Mayo, estas nos devuelven a quienes vivimos en este cada vez más violento país sus iniciativas y la certeza del detino final del aporte que en última instancia lo hacemos todos los argentinos mediante el pago de los impuestos.

La carta de Arturo Larrabure al Diario Clarín detalla exactamente el problema.

"En agosto de 2002, en la Universidad de las Madres, Hebe de Bonafini arengó a los jóvenes: "Cuando hablamos de socialismo, hablamos de socialismo revolucionario, no de un socialismo de partido, para ir atrás de todos estos bandidos que se están uniendo, juntando. Las Madres sentimos que somos el puente entre nuestros hijos y ustedes; desde 1986 venimos hablando de revolución, de marxismo primero más tímidamente y después ya más lanzadas ¡Revolución, socialismo y combate! La gente dice: 'Ay, pero las armas ¡Caramba!', con zapallitos no vamos a poder hacer la revolución ¡A prepararnos para ser revolucionarios, a prepararnos para armar el socialismo, a prepararnos para hablar de combate! Y a prepararnos, también, para usar las armas si alguna vez es necesario". Ningún fiscal la denunció por apología del delito. El Gobierno la premia con suculentos subsidios. En junio de 2008, dijo: "Al enemigo, ni agua". Mientras, los fiscales continúan amordazados por las instrucciones del procurador general Esteban Righi."


Felipe Solá (FPV) denuncia presiones violentas.

El diputado Felipe Solá (FPV) amenazó anoche con una escisión del bloque del Frente para la Victoria si los legisladores e hizo una sugestiva referencia al ex almirante Emilio Eduardo Massera, al responder una pregunta sobre supuestos dichos atribuidos al ex presidente Néstor Kirchner en cuanto a que entre los justicialistas que votaron contra las retenciones móviles hay legisladores recuperables y no recuperables.

"Ese era el lenguaje de Massera. Los no recuperables iban al río y los recuperables a Siberia o la Puna de Atacama". Y agregó: "Parece que debemos ser sometidos a un proceso de lavado de «balero» y después firmar la autocrítica. No sé qué significa ser recuperable."