El gobierno del Matrimonio Kirchner teme ser investigado, y vuelve a ejercer presión para ocultar su corrupción.

No conforme con haber ordenado a las fuerzas policiales y de seguridad que le informen sobre todos los pedidos que reciben de los jueces, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, estableció también un férreo control sobre la Oficina Anticorrupción (OA), que redundará en un aún menor afán de investigar posibles hechos de corrupción de los funcionarios del Gobierno.

En efecto, mientras aumentan las críticas judiciales a la decisión del ministro de usar a las fuerzas policiales y de seguridad que de él dependen para saber qué medidas de investigación ordenan los jueces, se conoció otra resolución del ministro, fechada el 21 del mes último, en la que dispuso que cualquier investigación que vaya a encarar la OA solamente podrá ser promovida mediante "una solicitud expresa del fiscal de control administrativo", Abel Fleitas Ortiz de Rosas, una persona absolutamente funcional al Matrimonio Kirchner y puesto en ese lugar para trabar cualquier posible investigación sobre la corrupción del actual gobierno de Cristina Férnandez y del anterior gobierno de Néstor Kirchner.

Antes, esa facultad de iniciar investigaciones en la OA no era privativa de su titular y cualquier investigador del organismo podía darles comienzo.

La nueva modalidad concentra el poder de decisión en un subordinado del ministro, pues la OA depende del Ministerio de Justicia, lo que convierte al organismo en un ente absolutamente cercado por el poder, y por lo tanto lo corrompe en sus fines. A su vez, esta grave decisión se conjuga con otras dos no menos graves. Una, contenida en la misma resolución, impide que los investigadores de la OA soliciten información a organismos nacionales, provinciales, comunales y privados si no cuentan con la firma de Fleitas Ortiz de Rosas. Antes, los investigadores podían solicitar documentación o expedientes sin la necesidad de pedirle autorización al titular de la OA.

La otra medida data del año último y probablemente fue la que permitió atisbar entonces el camino cada vez más angosto que el kirchnerismo le reservaba a la OA. Consistió en anular las designaciones que los cinco investigadores principales habían ganado por concurso. Esas designaciones les habrían conferido estabilidad y permanencia a esos investigadores encargados de importantes casos de corrupción. Ahora, la continuidad de sus tareas depende solamente de la voluntad del oficialismo de renovarles, o no, sus contratos.

Esta última medida da clara señal de las ambiociones de manipulación del poder por parte del Matrimonio Kirchner, así como sus necesidad de ocultar la enorme corrupción que rodea a su gobierno y el ejercicio del terrorismo de estado en la presión sobre cualquier investigación en su contra.

Bajo la gestión del matrimonio Kirchner la OA, creada en diciembre de 1999 con facultades para constituirse en querellante en casos de corrupción, se ha caracterizado por su ineficiencia.

Las nuevas disposiciones del ministro Fernández la tornarán aún más ineficiente en momentos en que hay serios casos de presunta corrupción que preocupan al Gobierno, como la valija con 800.000 dólares del venezolano Guido Antonini Wilson y el caso Skanska, que no por casualidad marchan a paso extremadamente cansino en la Justicia. De ahondarse, ambos casos podrían, a su vez, abrir nuevas investigaciones. De hecho, es lo que ha ocurrido con el de las presuntas coimas y sobreprecios de Skanska.

Es posible que el pecado original de la OA radique en su dependencia del Poder Ejecutivo, pero no es menos cierto que el actual gobierno, que llegó al poder con la promesa de Cristina Fernández de Kirchner de mejorar la calidad institucional, hace todo lo posible para inmovilizar a la ya aletargada OA.

Sumado al control que ejerce el Gobierno sobre la Justicia a través del Consejo de la Magistratura y a los intentos de acotar la independencia de la Auditoría General de la Nación, la decisión del ministro Fernández no hace más que confirmar que el kirchnerismo tiene miedo, y mucho, a ser investigado y que ya ni siquiera le preocupa que ese miedo se note.

Por carta, el Gobierno rechazó "enfáticamente" la intervención del Defensor del Pueblo en el conflicto con el sector agrario.

La misiva, firmada por el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, pide que Eduardo Mondino "cese inmediatamente en su accionar no amparado constitucional ni legalmente". Los funcionarios habían sido convocados a una reunión con las entidades del campo. Consultada por Clarín.com, la Defensoría respondió que no va a "dirimir por los medios" la competencia del Ombudsman.

La carta arranca en tono amistoso: "Tenemos el agrado de dirigirnos a usted". Y concluye cordial: "Saludamos a usted atentamente". Pero, en el medio, rechaza en duros términos que la Defensoría del Pueblo de la Nación tenga competencia para citar al Gobierno a una reunión con el Ombudsman y los dirigentes de las entidades agropecuarias.

De este modo, el Gobierno del Matrimonio Kirncher, a través de sus ministros, muestra una vez más sus intentos de callar toda aquella voz que no esté de acuerdo con sus políticas abusivas, incluyendo la de la figura de Defensor del Pueblo, cuya función es claramente la de ser intermediario entre los particulares y el poder estatal en todos aquellos casos en los que este último abuse de los primeros.

"Tanto lo inadecuado del procedimiento como de la convocatoria (...) nos obligan a rechazar enfáticamente su intimiación dada la manifiesta improcedencia" de esa actuación, dice, textualmente, la misiva con la que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Carlos Fernández, respondieron mentirosamente al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Después de que faltaran a una primera reunión, el Ombudsman los había intimado a que se asistiera a un encuentro con él y los presidentes de las entidades del campo.

Según los funcionarios del Gabinete nacional, y delatando sus intenciones de manipular y restringir toda aquella voz disidente, la lectura de la ley que citó Mondino para convocarlos (24.284) deja "en absoluta evidencia un notorio exceso en el cumplimiento de las funciones" del Defensor del Pueblo. Por eso, le rogaron de modo concretamente mafioso que "desista de la intimación", se abstenga de imputarles "cualquier tipo de desobediencia y cese de inmediato en su accionar no amparado constitucional ni legalmente".

Desde la oficina del Ombudsman, confirmaron que recibieron la misiva. Sobre su contenido, se limitaron a aseverar que "la postura de la Defensoría del Pueblo de la Nación es no discutir ni dirimir la competencia del Defensor del Pueblo en los medios de comunicación". También agregaron que, ahora, la carta de los Fernández pasó a formar parte del expediente "como otras tantas que se incluyen" en el mismo.

La oficina del Ombudsman nacional dio a conocer, asimismo, un pronunciamiento –previo a la carta de los Fernández- de la Asociación de Defensores del Pueblo de la Argentina (ADPRA) en respaldo a la gestión de Mondino "en procura de restablecer el diálogo" entre el Ejecutivo y el campo.

La Presidente Kirchner se niega a un diálogo constructivo a través de la demagógia de su discurso unilateral.

No puede menos que llamar la atención que la presidente de la Nación haya revelado cuál será el destino de los ingresos extras que recibirá el Estado como consecuencia del nuevo esquema de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas noventa días después de haberse anunciado esa cuestionable modificación impositiva.

El mensaje pronunciado anteayer por la primera mandataria, y emitido por la cadena nacional de radio y televisión, se basó en un repertorio de contradicciones y estuvo plagado de matices demagógicos.

La Presidente anunció que el excedente que se perciba por encima del 35 por ciento de las retenciones a las exportaciones de soja se empleará para la construcción de hospitales, rutas y viviendas. Sorprende que nada de esto hubiera sido anunciado el 11 de marzo, cuando se difundió la polémica resolución 125 del Ministerio de Economía, ni tampoco en ninguno de los discursos que había pronunciado desde entonces la primera mandataria en defensa de esa medida rechazada por los productores agropecuarios.

Es poco comprensible que, en un primer momento, desde el Gobierno se haya planteado la desojización como objetivo y que, ahora, tras casi tres meses de conflicto con el campo, se diga que con la soja se van a hacer centros de salud, caminos y viviendas populares.

El anuncio oficial no parece ser otra cosa que un maquillaje político sobre el uso de fondos que, originalmente, no estaban pensados para el fin que ahora se dice que tienen. Es indudable que el excedente de recursos proveniente de las mayores retenciones al campo iba a destinarse a atender una brecha fiscal, consecuencia de un creciente gasto público.

Es paradójico también que, mientras la Presidente señala que será imposible reducir la pobreza y redistribuir la riqueza sin la cooperación de los que más tienen, el Gobierno se embarca en una obra pública faraónica como el tren bala, cuyos beneficios seguramente no llegarán a los millones de argentinos que están en el fondo de la pirámide social.

Una vez más, las autoridades nacionales utilizan a los pobres como rehenes para justificar una medida injustificable, que claramente se les había ido de las manos. La pobreza no podrá enfrentarse combatiendo la producción y sembrando mensajes demagógicos, sino incentivando las inversiones que creen más puestos de trabajo y una mayor recaudación fiscal por la vía de las mayores ganancias de los agentes productivos.

Otro aspecto demagógico del discurso presidencial se advierte en el anuncio de que las obras públicas derivadas del aumento de lo recaudado por retenciones serán acordadas con los gobiernos provinciales o locales. Detrás del pretendido federalismo, sólo se ocultan mayores niveles de centralismo, unitarismo y clientelismo, acompañados por verdaderos intentos de cooptación política desde el gobierno nacional.

Si el Gobierno quisiera ejercer el federalismo en la práctica, lo que debería hacer es reducir las retenciones, que no son coparticipables con las provincias, para que el campo aporte una mayor recaudación en concepto del impuesto a las ganancias, que sí se coparticipa entre la Nación y el interior del país. Pero resulta obvio que el modelo kirchnerista no tiene nada de federalista y, por el contrario, sustenta su poder en la concentración de las decisiones y de los recursos tributarios.

Un párrafo aparte merece la curiosa definición de "renta extraordinaria" que ha acuñado el Gobierno. Un concepto que desconoce los innumerables riesgos que afronta un productor agropecuario y que parece ignorar que muchas actividades económicas proporcionan hoy ganancias mucho más suculentas que las que deja el campo. Entre ellas, la industria del juego, un negocio que quizá no esté sometido a retenciones porque está mayormente en manos de amigos del ex presidente Néstor Kirchner.

A todo esto, el Congreso de la Nación quedó de nuevo ratificado como un convidado de piedra a la hora de decidir el destino que se les debe dar a los ingresos del Estado nacional.

Ponerle punto final a la discusión sobre las retenciones ha sido el propósito de la presidente Cristina Kirchner, de acuerdo con la propia interpretación que hicieron pública funcionarios de su gobierno. No parece ni más ni menos que la negación misma del diálogo y del funcionamiento de las instituciones de la República en la toma de decisiones cruciales para la población.

Investigan una red de espionaje que tendría apoyo del Gobierno.

Espiaba a jueces, políticos y periodistas. Por Carlos Pagni para LA NACION en su Edición Impresa del Lunes 9 de junio de 2008.

La investigación judicial sobre una banda de espionaje clandestino amenaza con nuevos sinsabores a la accidentada gestión de Cristina Kirchner: en la causa que tramitan la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Alberto Gentili habría indicios elocuentes, según fuentes tribunalicias, de que esas operaciones de intercepción ilegal de correos electrónicos y comunicaciones telefónicas de jueces, dirigentes políticos, artistas y periodistas se habrían realizado, si no a pedido, por lo menos al amparo de altos funcionarios del Gobierno.

Las maniobras serían parte también, según testimonios que se estudian en la causa, de una sórdida guerra entre ministros del gabinete nacional. Comienza a vislumbrarse, entonces, la existencia de una unidad de inteligencia irregular, pero sometida a un control político de alta jerarquía.

El escándalo empezó cuando el director de Informática de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Catoira, denunció ante el juez federal Sergio Torres que la computadora del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, había sido objeto de intrusiones ilegales. Torres debió enviar la causa a San Isidro: sigilosa, la jueza Arroyo Salgado andaba, desde hacía más de un año, tras la pista de una “ciberbanda” denunciada por la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE). Como en el film “La vida de los otros”, los espías eran, a la vez, espiados.

Existen signos llamativos de que podría ser esa red ilegal la que controlaba a Lorenzetti. El puente entre las dos investigaciones es el ex agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Iván Velázquez. Señalado por distintas publicaciones como el presunto fisgón del presidente de la Corte, Velázquez denunció que lo perseguían y marchó hacia Montevideo.

Desde allí realizó declaraciones en las que negó cualquier nexo con el caso de Lorenzetti, pero admitió operaciones de "hackeo" de cuentas de e-mail de particulares, según él, a pedido de la SIDE.

Si bien Velázquez trabajó como agente de esa dependencia hace varios años, sus prestaciones más recientes lo encontraron en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esa fuerza depende de Marcelo Saín y, por encima de él, de Aníbal Fernández, ministro de Justicia.

Algunos testimonios en poder de la jueza Arroyo Salgado harían pensar que Fernández sería el funcionario político que más aclaraciones debería aportar por las actividades que se investigan. Sencillo: en San Isidro habría un caudaloso intercambio entre una cuenta personal del ministro de Justicia -y antes, del Interior- y otra de Velázquez.

Según allegados a la pesquisa, en algunos de esos mensajes alguien que firma "Iván" le pedía instrucciones y reportaba informes a alguien a quien llama "Aníbal". Cabe la posibilidad de que esas cuentas del funcionario y del espía hayan sido intervenidas y utilizadas por terceros que simulaban ser sus titulares. Sería de literatura fantástica.

Las afinidades operativas podrían ser, también, políticas: hacia comienzos de octubre, Velázquez veía en Fernández al mejor candidato para reemplazar en el Ministerio de Defensa a Nilda Garré. Esta simpatía ilumina ahora un episodio que, en aquel momento, causó un revuelo. La ministra Garré pasó a retiro al jefe de Inteligencia del Ejército, general Osvaldo Montero, acusándolo de conspirar en su contra. LA NACION consignó en aquella oportunidad que detrás de Montero se alinearía un sector de las Fuerzas Armadas que alentaba la candidatura de Fernández para la cartera castrense.

Ahora aparecen más informaciones en ese sentido: el espía clandestino Velázquez, que antaño revistó también en el Ejército, habría puesto sus destrezas electrónicas al servicio de esa operación.

Conexiones.

La jueza Arroyo Salgado y el fiscal de la causa, Alberto Gentili, intentan también establecer si existe alguna conexión entre estas tareas de espionaje y el movimiento de la cuenta de correo electrónico tresbanderas@gmail.com , que se servía del nombre de fantasía "Juan Pueblo". También se indaga el flujo de correspondencia de las direcciones showbusinessmercenary@hotmail.com y businessmercenary@hotmail.com con las direcciones liodepolleras@hotmail.com y pininomas75@gmail.com . Por estas cuentas circuló un torrente de mensajes electrónicos capturados de un inventario muy amplio de correos sometidos a vigilancia clandestina.

Entras las víctimas de esos seguimientos hay personas de los más diversos sectores de la vida pública. Por ejemplo, directivos de medios de comunicación como Bartolomé Mitre (LA NACION), Héctor Magnetto (Clarín) , Roberto García (Ambito Financiero) , Jorge Fontevecchia (Perfil) o Daniel Hadad (Radio 10) y periodistas como María Laura Avignolo, Ana Barón, Marcelo Bonelli, Walter Curia, Diego Fuks, Luis Majul, Debora Pérez Volpin, Daniel Santoro, Pablo Sirvén, Ernesto Tenembaum, Gerardo Young e Ignacio Zuleta, entre otros.

En la Corte, además de Lorenzetti, eran blancos de este espionaje paralelo Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni. También la banda "hackeaba" correos de políticos. Las cuentas favoritas son de la provincia de Buenos Aires y, sobre todo, de la oposición al ex intendente Sergio Villordo, de Quilmes. Entre esos blancos están Daniel Scioli y su hermano José, Hilda "Chiche" Duhalde, Alfredo Atanasoff y María Helena Chaves (esposa de Felipe Solá).

Hay opositores de los más variados, desde Ricardo López Murphy y Jorge Telerman a Jesús Rodríguez y Sergio Acevedo. Y, con una abundancia llamativa, figuras del gobierno. Hasta pocas semanas atrás, estuvo vigilada, por ejemplo, la correspondencia del secretario privado de Cristina Kirchner, Isidro Bounine y la de Alessandra Miniccelli, esposa de Julio De Vido, quien tenía intervenidas dos casillas de e-mail , una privada y otra de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

El senador José Pampuro y el ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra, igual que su hermana Vilma, eran controlados. El canciller Jorge Taiana, el embajador en los Estados Unidos, Héctor Timerman, y su colega en la ONU, Jorge Argüello, eran monitoreados casi con la misma frecuencia que los diplomáticos retirados Federico Barttfeld o Andrés Cisneros.

El mundo del espectáculo era otro objetivo de los espías que investiga la jueza Arroyo. Las víctimas espiadas iban de Susana Giménez a Gerardo Sofovich, Andrea del Boca, Celeste Cid y Carolina Ardohain ("Pampita"), entre otros.

Comercialización.

Al menos una parte de esta faena clandestina se comercializaba. Enmascarados tras las cuentas businessmercenary@hotmail.com o showbusinessmercenary@hotmail.com se cobraban 800 pesos por cada dirección electrónica.

Si el cliente era "mayorista", se le ofrecía un "combo": una intervención en una casilla adicional por cada correo contratado de modo permanente.

Arroyo Salgado debe despejar un inventario muy extenso de incógnitas. La más obvia: cómo es que estas tareas de espionaje se realizaron, por lo menos en parte, desde una dependencia oficial como la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

De haber existido esos contactos entre Velázquez y Fernández, acaso sea el ministro de Justicia quien más dudas deba resolver. Los indicios, todavía preliminares, de que estaría en conocimiento de estas actividades irregulares, se agregan a su controvertida decisión de tamizar los pedidos que los magistrados puedan realizar a las fuerzas de Seguridad en las causas que investigan.

Tal vez no terminen allí los interrogantes. El ex presidente Néstor Kirchner, que se hizo famoso por controlar todo lo que sucede a su alrededor, tal vez deba algún día aclarar si estaba al tanto de que, en el seno del gabinete que presidía, se constituyó hace más de tres años una unidad de espionaje clandestino.

Un ministro que espía a la Justicia.

Editorial I del Viernes 6 de junio de 2008 | Publicado en la Edición impresa del Diario La Nación.

Mediante una increíble resolución que ataca la independencia de los poderes, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, ordenó a las fuerzas policiales y de seguridad, que dependen de él, que antes de responder y cumplir cualquier pedido que reciban del Poder Judicial lo pongan al tanto a él.

Fernández es ministro de Justicia, pero obviamente no integra el Poder Judicial, sino el Ejecutivo, y mediante esta resolución del 29 de abril último no sólo se inmiscuye en asuntos de otro poder que necesariamente deben serle ajenos, sino que, según los casos, puede ocasionar el fracaso de investigaciones judiciales en trámite, además de poner a sus subordinados en un difícil trance, pues obedecerlo puede convertirlos en responsables de la violación del secreto de sumario.

Inquieta saber para qué quiere el ministro Fernández estar al tanto de todo cuanto ordenan los jueces.

Por lo pronto, recordemos que en el fuero federal hay varias investigaciones contra funcionarios de la administración Kirchner, en la que el ministro tuvo y tiene un rol protagónico y muchas veces polémico. Con esta decisión, luego del juez y el fiscal, el ministro será el primero en enterarse de ciertas medidas investigativas que pueden llegar a comprometer a sus colegas en el gabinete o a sus subordinados. O al propio ministro Fernández.

Las fuerzas policiales y de seguridad son auxiliares natas de la Justicia. Del Ministerio de Justicia dependen hoy la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, y a ellas recurren los jueces cuando, por ejemplo, ordenan un allanamiento, el retiro de documentación, el alojamiento o traslado de un detenido y distintos tipos de peritajes, como los informáticos y los balísticos.

Con esta resolución, el ministro Fernández será el primero en conocer la intimidad de investigaciones delicadas. Los jueces se sentirán controlados y temerosos de que las medidas que ordenen se transformen en tema de análisis y debate entre los miembros del gabinete. Y, como dijimos, obligará a violar el secreto de sumario que disponen los jueces en los tramos en que así lo requiere una investigación para evitar la pérdida de documentación importante o la fuga de posibles responsables. Porque una orden de un magistrado durante el secreto de sumario no puede ser transmitida a otro por los policías que la ejecutan.

Como aseveró el constitucionalista Gregorio Badeni, "si hay secreto de sumario y la fuerza da la información al ministro, estaría incurriendo en el delito de desacato a la Justicia".

Afortunadamente, se escucharon varias voces de alerta además de la de Badeni. El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, afirmó que la decisión del ministro "es realmente muy grave". El constitucionalista Daniel Sabsay advirtió que "puede servir para proteger a amigos, funcionarios y allegados", en tanto que el abogado Ricardo Monner Sans expresó que "contribuye a la degradación institucional".

Fernández, quizás el más locuaz de los integrantes del gabinete, también opinó. "Necesito organizar a las fuerzas", afirmó, sin explicar mucho.

Y es que las explicaciones huelgan. Ya el año pasado el ministro tuvo un duro enfrentamiento con un juez por el alojamiento de un preso. En esa oportunidad, el ministro Fernández reaccionó pidiendo el juicio político del juez en lo penal tributario Javier López Biscayart. ¿La investigación? El caso de las coimas y sobreprecios de la constructora Skanska, que tanto preocupa al Gobierno y que tiene procesado a un ex funcionario que dependía de un colega de Fernández en el gabinete. Aquel absurdo pedido de juicio político fue rechazado por el Consejo de la Magistratura, pero muestra que el afán de Fernández por inmiscuirse en la Justicia viene de antes y probablemente sea una vocación.

O una compulsión: la de espiar. Porque la resolución del ministro no es más que un burdo intento de darle ropaje de falsa legitimidad a lo que, en definitiva, puede ser considerado un inadmisible espionaje sobre la labor judicial.

Una bandera blanca para que el país sea menos negro.

Cientos de personas reportan haber recibido en las últimas horas un email por el que se convoca a manifestarse, a partir del 4 de junio de 2008, en contra de las políticas abusivas del Matrimonio Kirchner a través de una bandera blanca (en clara significación de apoliticidad y necesidad de paz y diálogo) ubucada en cualquier ventana pública de sus hogares.

Entre los motivos que llevan al público a prenderse de dicha manifestación, se describen los siguientes:

1) La valija de Antonini Wilson.
2) El fraude electoral de las elecciones de 2007.
3) Skanska.
4) Moreno y su 45 en el escritorio.
5) el INDEK.
6) El patoterismo de D´Elia en Plaza de Mayo y su odio a la supuesta oligarquía en la que se encuadran todos los opositores al Matrimonio kirchner.
7) Moyano y sus matones.
8) El cinismo de Alberto Fernández.
9) Las retenciones anticonstitucionales y confiscatorias.
10) El clientelismo político.
11) La bolsa de Miceli.
12) El tren bala.
13) Los U$S 500 millones de Santa Cruz.
14) La censura a la prensa (observatorio de medios).
15) Los superpoderes del Poder Ejecutivo y la Anulacion Virtual del Congreso.
16) El nuevo sistema de designacion de jueces.
17) El cajero De Vido.
18) La 4x4 de Varizat, que atropello gente.
19) la campaña de difamacion del campo.
20) Los 8000 dolares de propina de la presidente.

A su vez, aclaran el motivo de la bandera de color blanco:

"UNA BANDERA BLANCA, COMO SINONIMO DE PAZ Y DE NO VIOLENCIA. PARA CALLARLE LA BOCA AL GOBIERNO, PARA MOSTRAR NUESTRO RECHAZO A LO QUE HACEN. TAPEMOS LA CIUDAD CON BANDERAS BLANCAS Y VEAMOS QUE SOMOS MUCHOS LOS QUE PENSAMOS LO MISMO!!!!

BASTA DE KORRUPCION, BASTA DE CINISMO, BASTA DE PREPOTENCIA!!! NOSOTROS, EL PUEBLO, DAMOS LAS ORDENES Y LOS POLITICOS RESPONDEN A LO QUE LES PEDIMOS. Y SINO, NOSOTROS Y DIOS SE LO DEMANDAREMOS!!!!!

MANDA ESTA CADENA A TODOS LOS QUE CONOZCAS, POR MAIL, POR SMS, COLGALO EN LOS FOROS, EN TU BLOG, EN TU FOTOLOG. QUE SE ENTERE TODO EL MUNDO, Y SI SALE EN LOS DIARIOS MEJOR!!!

EL 4 DE JUNIO ARGENTINA SE VISTE DE BLANCO CONTRA LA KORRUPCION!!! POR UNA ARGENTINA NUEVA, POR UNA ARGENTINA CON LOS KORRUPTOS DONDE DEBEN ESTAR: EN LA CARCEL!!!!

VIVA LA PATRIA, ARGENTINOS!!!!"

Interesante opción de queja en un país en el que sus gobernantes se vuelven cada vez más oscuros y violentos.

“Nadie sabe cuál es hoy la inflación”

Entrevista exclusiva de LANACION.com con la ex coordinadora del IPC nacional, Marcela Almeida, quien criticó la decisión oficial de eliminar el índice que mide la suba de precios en algunas provincias. Jueves 22 de mayo de 2008.

Si el espejo estadístico no refleja la realidad deseada quizás sea mejor romperlo. Así piensa una de las creadoras del IPC nacional y ex coordinadora de la medición de ese índice en el Indec, Marcela Almeida, quien aseguró que "nadie sabe cuál es hoy la inflación".

La técnica desplazada en agosto de 2007, hoy miembro de la comisión de ATE, denunció que la maniobra oficial intenta eliminar la brecha existente entre el índice que vio la luz por primera vez en octubre de 2005 y el que mide la inflación en GBA.

Es que las variaciones de algunas provincias, como San Luis, Santa Fe, y anteriormente, Mendoza, casi triplican al que mide la suba de precios en el Gran Buenos Aires. Esta es la referencia que muchos economistas privados toman para deducir que la inflación en el país supera el 20%.

La decisión de desmantelar el IPC nacional, que irónicamente fuera impulsado por Néstor Kirchner, fue confirmada a mediados de mayo por la directora del Indec, Ana María Edwin, al director provincial de Estadística y Censos de San Luis, Oscar Garraza, a mediados de mayo.

Pero además, la doctora en Matemáticas de la UBA no ahorró críticas al lanzamiento del nuevo IPC GBA. "Los elementos técnicos que incluyeron son para permitir, en una forma más legal, una mayor manipulación", afirmó.

- ¿Por qué el Gobierno busca desmantelar un índice que impulsó en algún momento?

-Yo creo que es lo obvio. Busca dejar de mostrar esa brecha que existe entre algunas provincias y el IPC-GBA. Me aventuro además a decir que es difícil tener el control de lo que ocurre en las provincias. Dijeron hace unos días que lanzaron un nuevo índice para modernizar las estadísticas, pero moderno es extender la cobertura geográfica no achicarla. Además, recuerdo que cuando tuvieron que explicar por qué daban diferentes los índices con las provincias dijeron que había sido porque las canastas relevadas eran más chicas. Ahora van a reducir las canastas del IPC-GBA. Es lamentable.

- ¿Cree que las provincias reflejan la inflación real o hay alguna motivación política?

-No tiene lógica pensar que una provincia va a poner en las encuestas precios más altos de los que verdaderamente consigna. Sería un complot medio extraño. Sí puede haber diferencias porque no todas las provincias tienen el mismo comportamiento. Pero en la estimación que hizo ATE el año pasado tomando a Mendoza como referencia, porque se parece Buenos Aires, la inflación anual mostraba un alza de entre 22 y 26%. El triple del índice oficial. En realidad, nadie sabe cuál es hoy la inflación.

- ¿Qué consecuencias trae al Indec que desaparezca el IPC nacional?

-El IPC nacional fue un operativo trabajoso. Tuvimos que conseguir una fluida coordinación con las provincias, los equipos, allí, son más difíciles de armar, y todo llevó un buen tiempo. Yo espero que las provincias puedan seguir de manera autónoma con el proyecto. Aquí se rumorea que se va a seguir calculando como antes pero que no se va a publicar. Pero todo quedó ya muy frenado. Habría que haber incorporado a cinco provincias el año pasado. Eso hubiera sido importante.

- ¿Se pierde la oportunidad de modernizar las estadísticas?

- Yo creo que sí. Además están desarticulando todos los equipos. Empezar de nuevo es perder la capacitación que se invirtió en mucha gente. Se tira todo a la basura sólo con la intencionalidad política de seguir tapando algo que en algún momento va a salir a flote. A largo plazo, se genera un desmantelamiento de la institución y una pérdida de credibilidad que es difícil de recuperar.

- ¿Cómo fue su salida como coordinadora del IPC nacional?

- A mi me corrieron en agosto de 2007. No a mi sola. Éramos ocho o nueve. Primero nos sacaron las claves, acceso al sistema informático. Estuvimos casi un mes sin tareas. Uno por uno, nos fueron sacando del edificio o nos retiraban los escritorios. Yo hice el reclamo por mi salida, mandé tres telegramas pero no los contestaron. El jefe de personal me dijo que mejor me quedara en el sindicato porque estaba más protegida, pero sigo sin tareas.

- Hasta ese momento, ¿cómo evalúa el funcionamiento del IPC nacional?

Tenía todo el background del IPC general. El sistema informático era mejor. Era una medida que estaba en constante mejoramiento: en la comunicación con las provincias, los sistemas de control. Había invertido mucho tiempo y funcionaba mejor que el IPC GBA en muchos aspectos.

- ¿Cómo era la relación con los directores provinciales?

-No era cotidiana porque ellos tienen un cargo más elevado. Yo trabajaba más con los equipos técnicos que se dedicaban al IPC. Igualmente los conocía. La relación, en general, era buena. Lo que pasó es que cuando empezaron a modificar el resultado de algunas provincias, es Paglieri quien me dice: "Bueno, ya hablé con todas las provincias y todas salvo Mendoza y San Luis, se adhieren a trabajar con la metodología del GBA".

- ¿Alguna vez le explicaron el cambio en la metodología?

-Nosotros sabíamos que consistía en ponerle topes a los aumentos. Había ciertas variaciones que eran consideradas excesivas y, por eso se ponían topes y se sacaban esos resultados de la encuesta final. Eso podía achatar el promedio hasta un punto.

- ¿Cómo cree que afectan estos cambios en el Indec?

-La calidad de los productos del Indec está bajando mucho. Por ejemplo, si uno mira los resultados del IPC GBA anuales del servicio doméstico se observa que están decayendo. Da negativo hace más de un año. Esto es imposible. Un buen cálculo demuestra que los salarios están subiendo. Paglieri siempre quiso sacar ese ítem porque dice que los salarios no te pueden indexar un índice de precios. Otro ejemplo es el censo agropecuario. Estaba previsto para septiembre-octubre, que es cuando se hace siempre, pero lo adelantaron para junio. Suponemos que por el problema con el campo. Para eso disgregaron al equipo que hizo esta tarea en 1998 y 2002. Separaron la oficina con una mampara y pusieron de un lado a los que iban a participar y del otro a los que no. Nombraron una nueva coordinadora y trabajan con gente que tiene una situación contractual más débil. Pero además es un mal momento para hacer el censo: por el conflicto, por razones climáticas y por el stock ganadero. Además, es una cosa apresurada. Para poder hacerlo más rápido tuvieron que duplicar el presupuesto (de $ 11 a $ 21 millones). Todo es una especie de mamarracho.

- ¿Cómo considera el lanzamiento del nuevo IPC para GBA?

-La forma en que se presentó lo entierra. Un evento hecho a las escondidas, en un hotel lejano, al que no asistió nadie de metodología estadística. Además, lo lanzaron Paglieri y Edwin, que están sospechadas en las causas judiciales. Por otra parle, es [el jefe de Gabinete], Alberto Fernández, un político, quien da las explicaciones finales. Explicaciones superficiales. Parece una cargada. Los elementos técnicos que incluyeron son para permitir, en una forma más legal, una mayor manipulación.

- ¿Pedirán una audiencia con el nuevo ministro de Economía?

-Pedimos una entrevista. Porque desde que empezó todo esto, lo único que queremos es que alguna autoridad nos escuche. Queremos explicarles que esto no le sirve a nadie, y menos a los que vivimos de un salario, porque están escondiendo que cada vez podemos comprar menos. Pero además esto no sirve para generar políticas. Hasta ahora no tuvimos respuesta.

Francisco Jueguen
De la Redacción de LANACION.com
fjueguen@lanacion.com.ar