El Matrimonio Kirchner quiere destruir los medios de comunicación que les son adversos, algo nada democrático.

Libertad de prensa / Entrevista al jurista Asdrúbal Aguiar

"El proyecto de radiodifusión es muy parecido a una ley de Chávez"

Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana, advierte sobre el proyecto kirchnerista

Asdrúbal Aguiar, en su paso por Buenos Aires Foto: LA NACION / Fernanda Corbani

"El proyecto de ley de comunicación audiovisual que impulsa el gobierno argentino es muy parecido a una ley venezolana. Es autoritario y le permitirá al Gobierno tener injerencia en los contenidos periodísticos y convertir en sirvientes a los medios privados. Busca crear un latifundio mediático estatal, un monopolio oficial", dice Asdrúbal Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aguiar, además de un conocido político de Venezuela, donde se desempeñó como gobernador de Caracas y ministro de Interior durante la última administración del presidente Rafael Caldera, es un fino jurista.

Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, catedrático en varios países y, en reconocimiento a su labor a favor de la libertad de expresión, acaba de recibir el Gran Premio Chapultepec, que anualmente entrega la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Días atrás visitó nuestro país, y luego de disertar en la Cámara de Diputados ante integrantes de las comisiones de Comunicación y de Libertad de Expresión, Aguiar dialogó con LA NACION.

-El proyecto oficial afirma que pretende romper un monopolio privado, que no existe.

-En efecto. En realidad, es un proyecto que, si es sancionado, le permitirá al Estado tener injerencia decisiva sobre la libertad de expresión, en violación de lo que establecen la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia internacional. El proyecto parte del supuesto de considerar que el espacio radioeléctrico es del Estado y que éste lo puede concesionar, cuando los tratados, que las leyes no pueden desconocer, en realidad consideran que el espacio radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad. El Estado sólo puede establecer restricciones vinculadas con las frecuencias y canales, a efectos de no obstaculizar la radiodifusión.

-La iniciativa dice que defiende los medios públicos.

-Una cosa son los canales y radios públicas, de gestión independiente respecto del Poder Ejecutivo, y otra muy distinta es el intento de crear un latifundio mediático oficialista, cuyo objeto final es limitar el acceso de la población a la información. Fíjese lo que ocurre en Venezuela.

-¿Esta es la situación que vive actualmente su país?

-El gobierno del teniente coronel Hugo Chávez (no lo menciona como presidente) lo primero que hizo fue hacer sancionar una "ley mordaza" bajo el cínico nombre de ley de responsabilidad social de radio y televisión. Hoy, a través de ella, controla los contenidos y organiza los programas de las radios y televisoras privadas que quedan en pie, y cuando éstas discrepan del juicio oficial de conveniencia política las emisoras son sancionadas y sus directivos, perseguidos hasta penalmente. Con el apoyo de esa ley se cerró Radio Caracas Televisión, y el gobierno anunció el próximo cierre de Globovisión y Canal 33, a pesar de las medidas que a favor de estas plantas ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

-¿La ley argentina y la venezolana son similares?

-La ley venezolana también se funda en el criterio según el cual los usuarios del espectro radioeléctrico son meros concesionarios de un servicio público, de suyo totalmente controlable por el Estado. Recientemente, además, la fiscal general de la república propuso una ley de delitos mediáticos, a la par que el mismo presidente ordenó el retiro de las concesiones a casi 450 estaciones de radio hoy en manos privadas y continúa la práctica de la criminalización de la opinión. Ese es el llamado socialismo del siglo XXI, que es el mismo de los siglos XIX y XX y que de siglo XXI sólo tiene el uso perverso que hace de las autopistas de la información para su despropósito autoritario.

-¿Estamos frente a un escalón más alto de autoritarismo?

-Son "demoautocracias" o "autocracias electivas", que han surgido en la región y que buscan usar a la opinión pública como escenario de guerra para exportar su franquicia revolucionaria, como lo entiende Hugo Chávez. De allí que éste y sus socios avancen hacia el control de esa fuente real de articulación social y política contemporánea que son los medios de comunicación social, como sustitutiva de los partidos políticos.

-Si miramos el proyecto argentino, los primeros artículos dicen que el Estado busca defender la libertad de expresión.

-En realidad, cuando se lo lee entero, el proyecto hace todo lo contrario. Algunos artículos, repito, son muy parecidos a esa ley de Venezuela, aprobada en 2004 a instancias de Chávez. Esa ley y este proyecto argentino son de neta factura autoritaria.

-¿Podrá la Corte Interamericana ponerle límites a Chávez?

-La Corte dictó tres sentencias que declaran la responsabilidad de Venezuela por hechos ocurridos durante la última década de gobierno. Dos de esas sentencias condenan los atentados a la vida y a la integridad personal y las persecuciones que sufrieron periodistas y directivos de RCTV y Globovisión por parte del mismo Chávez. Y a petición de éste, recientemente, el máximo tribunal venezolano le sugirió por escrito retirarse de la OEA y denunciar tanto su Carta constitutiva como la Convención Americana, y por lo pronto le indica no acatar los mandatos ni de la Comisión ni de la Corte Interamericanas, cuyas sentencias son obligatorias.

-Volvamos a la ley argentina.

-Parece introducir un margen importante para la regulación de contenidos y, también, para perseguir a operadores privados. También busca fraccionar a los operadores privados, no para fomentar el pluralismo -como dice el proyecto- sino para debilitarlos y, curiosamente, los medios públicos quedan exentos de esos mismos límites. Llama la atención, ¿no le parece?

-El Gobierno llamó al diálogo y la oposición, en el Congreso, trata de revertir muchas delegaciones que entregó al Poder Ejecutivo para dictar reglamentos, por ejemplo, en materia de retenciones. Por eso, llama la atención que, al mismo tiempo, impulse un proyecto que autorizará al Poder Ejecutivo y a sus organismos a dictar muchos reglamentos.

-Sí, así es. El proyecto delega en el Poder Ejecutivo la atribución de dictar muchos reglamentos que, indirectamente, pueden venir a coartar la libertad de expresión. Por ejemplo, somete a los medios a múltiples organismos de control que están sujetos a la injerencia del Poder Ejecutivo.

-Hay muchos sectores progresistas que se entusiasman con la idea de contar con radiodifusión comunitaria.

-Quizá, porque imaginan casos como el de Uruguay o algunos otros países. Pero lo cierto es que en Venezuela la radiodifusión alternativa carece del soporte financiero y de recursos técnicos y es un apéndice del gobierno.

Los Kirchner guardan silencio ante la violencia contra los medios de comunicación

Fuerte repudio de la Sociedad Interamericana de Prensa a la ofensiva de Chávez contra los medios.

La organización aseguró en un comunicado que el gobierno venezolano busca "hacer desaparecer" las críticas; reclamó un pronunciamiento de jefes de Estado; los Kirchner justifican la violencia; Cristina viaja a Venezuela, en apoyo de Chávez, la semana próxima.

Martes 4 de agosto de 2009

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Periodistas venezolanos protestan en Caracas Foto: AFP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó hoy que el gobierno venezolano de Hugo Chávez avanza sobre los medios independientes con cierres de radios, ataques a televisoras y una serie de medidas que buscan hacer "desaparecer" a la prensa crítica.

La SIP pidió que los gobiernos democráticos de la región, sobre todo aquellos que dicen tener políticas de derechos humanos, se expidan sobre la situación de la prensa en Venezuela, y reprueben los hechos ocurridos en los últimos días contra medios considerados opositores al gobierno.

Cristina Kirchner se ha negado a hacer declaraciones al respecto, en un acto que muchos ven como una mezcla de sumisión a su único aliado internacional e interés en comenzar a iitar sus políticas violentas.

"A todos los niveles, el gobierno venezolano está tomando las previsiones legales y judiciales para desaparecer a la prensa crítica", dijo la SIP en un comunicado. Altos funcionarios temen que estos actos se repitan en la región.

La entidad, con sede en Miami, condenó la violencia desatada contra la televisora Globovisión y responsabilizó al gobierno de Chávez por esos actos violentos.

Por su parte, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), con sede en Montevideo, condenó "enérgicamente" el reciente atentado contra el canal de televisión Globovisión de Venezuela.

"El régimen autoritario venezolano -al igual que otros en sudamérica- incrementa sus acciones de hostilidad y violencia contra los medios libres e independientes, clausurando emisoras, amenazando a periodistas, comunicadores, radiodifusores y editores, mientras sus grupos partidarios emprenden ataques violentos, como el acontecido hoy (lunes) contra Globovisión", reportó un comunicado de AIR.

La organización reiteró "su reclamo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a todos los gobiernos comprometidos con la causa de la Libertad y la Democracia para que se implementen urgentemente los mecanismos previstos en los instrumentos internacionales para salvaguardar el Estado de Derecho y la Democracia en Venezuela". Cristina Kirchner ha decidido desconocer este pedido.

El canal opositor venezolano Globobisión denunció que 35 personas ingresaron el lunes a su sede en Caracas y arrojaron bombas lacrimógenas "en las adyacencias de los estudios", y las autoridades de la empresa responsabilizaron de inmediato al presidente Hugo Chávez.

Visita a Caracas. En este tenso contexto, la presidenta Cristina Kirchner viajará la semana próxima a ese país, para asistir a un seminario de empresarios, y expresar su apoyo total a las políticas de estado de Hugo Chávez.

Tras una breve visita a Ecuador, para asistir a la reasunción del mandatario Rafael Correa, con quien comparte el uso de la violencia como ideología, la jefa del Estado viajará a Caracas el martes próximo para participar de un seminario organizado por hombres de negocios, al que también se está invitando a empresarios argentinos confuerte vinculación al Matrimonio Kirchner o interés de invertir en el país caribeño.

El clima político en Venezuela volvió a tensarse por la decisión del presidente Chávez de cerrar 34 radios bajo el argumento de que se habían vencido las concesiones y el ataque de ayer, por supuestos seguidores del presidente venezolano, contra la sede del canal de noticias Globovisión.

Cristina Kirchner y Chávez han acordado encuentros trimestrales para avanzar en los temas que hacen a la agenda bilateral, como los negocios comunes con recursos naturales de ambos países. El último se celebró en Buenos Aires, en mayo pasado, cuando además fue invitado por el matrimonio presidencial a la villa turística de El Calafate.

Fue días antes de que Chávez anunciara la nacionalización de empresas ligadas al grupo empresario argentino Techint, lo que generó fuertes críticas y reclamos por parte del sector industrial y político nacional.

Néstor Kirchner vuelca su furia contra la opinión pública.

La poderosa Secretaría de Inteligencia (SI, antes conocida como SIDE) no está conforme con la masiva intervención de teléfonos y de direcciones de e-mail. Las principales víctimas de esas acciones ilegales de los espías oficiales son los periodistas, además de una inmensa lista de políticos, empresarios y sindicalistas. Ahora, la SI va por más: quiere la cárcel para dos directivos de un diario por el inexistente delito de opinión. Se trata de Bartolomé Mitre y de Julio Saguier, director y presidente del directorio de S.A. LA NACION, respectivamente.

Dos querellas por calumnias e injurias fueron presentadas contra Mitre y Saguier por Antonio Stiuso, director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia y hombre fuerte del espionaje oficial. Stiuso es, en rigor, el funcionario clave de la SI desde hace varios años y durante varios gobiernos, un hombre de "la casa", como los espías llaman a esa secretaría. Los titulares del organismo de inteligeencia son, por lo general, funcionarios políticos que caen en manos de Stiuso y de sus hombres, porque estos hacen valer sus supuestos conocimientos sobre las cosas secretas de la política y de la vida privada de las personas públicas. Stiuso es conocido, en la jerga interna del espionaje, con el seudónimo de "Jaime".

Stiuso se consideró agraviado porque un editorial de este diario opinó que la causa judicial del cruel atentado contra la sede la AMIA está contaminada por operaciones de inteligencia, que buscaron siempre desviar la atención de la investigación correcta. ¿Una novedad? No, sin duda. Se acaban de cumplir quince años de aquella tragedia sin que haya un solo preso por la muerte injusta de 85 argentinos. Hubo también cientos de heridos y mutilados en el ingrato invierno de 1994. La impunidad de ese enorme crimen sólo se puede explicar por la presunta complicidad, la evidente inoperancia y la eventual corrupción de todos los servicios y las fuerzas de un Estado ausente.

Debe subrayarse, a todo esto, que el propio Estado argentino reconoció su responsabilidad en el encubrimiento y mal desempeño durante la investigación del atentado. Las constancias de esas incapacidades pueden encontrarse fácilmente, por lo demás, en el propio expediente de la causa.

Táctica judicial

La táctica judicial utilizada por Stiuso consistió en presentar dos querellas separadas, pero por la misma causa, contra Mitre y Saguier. Es la mejor prueba de que existe una operación de persecución contra los directivos de S.A. LA NACION. La primera condena por calumnias e injurias, cuando existe, es de prisión en suspenso; es decir, no se cumple efectivamente. Pero la segunda es de cumplimiento obligatorio y, además, la primera condena sirve como precedente durante diez años. En síntesis, los directivos del diario enfrentarían penas de prisión efectiva si fueran condenados en las dos causas.

Las dos querellas fueron asignadas por "sorteo" (método por el que se asignan las causas a los respectivos juzgados) al juez Claudio Bonadío. Una extraña "casualidad" hizo que las dos causas terminaran en el mismo juzgado. Bonadío es uno de los jueces más cuestionados del fuero penal federal (tiene, de hecho, varios pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura) y muchas veces se lo vinculó al poder que está, sea éste cual fuere. LA NACION también se hizo eco de los cuestionamientos al juez Bonadío, precisamente en sus columnas editoriales, porque sencillamente consideró que su desempeño como magistrado es muy malo. Los querellados, Mitre y Saguier, advirtieron una clara animosidad cuando esas causas por calumnias e injurias fueron llevadas a un juzgado al que consideran hostil.

En ese contexto, solicitaron la recusación de Bonadío por el temor fundado a su falta de imparcialidad. El juez no tuvo el decoro de excusarse y hasta cuestionó la recusación de los querellados.

La primera pregunta que corresponde hacer es si Stiuso está actuando solo. En sus presentaciones judiciales, Stiuso señaló que actuaba "a título personal", pero en los escritos de ambas querellas asumió una defensa corporativa del espionaje oficial. El superior inmediato de Stiuso es el secretario de la SIDE, Héctor Icazuriaga, un hombre que milita en la hiperdisciplina del matrimonio Kirchner. Stiuso tiene también trato directo con Néstor Kirchner.

Stiuso es, como queda dicho, un hombre del espionaje oficial: ¿los espías actúan a título personal o, como se supone, consultan cada una de sus acciones? Para ser claros: ¿buscaría el cerebro gris de los servicios de inteligencia la prisión de dos directivos de S.A. LA NACION sólo por un arrebato personal? Esa posibilidad es extremadamente difícil, si no imposible. Una orden, un guiño o un silencio debieron interponerse entre la decisión del espía y sus acciones concretas.

Hay algo, además, que agrava todo. Los editoriales son, por definición, opiniones. No son notas ni artículos periodísticos que contienen información, expuesta siempre ésta a la probabilidad del error.

La Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reivindicado muchas veces el valor de la opinión en la defensa de la libertad de prensa. Han dicho, por ejemplo: "Toda expresión que admita ser clasificada como una opinión por sí sola no da lugar a responsabilidad civil o penal a favor de las personas que ocupan cargos en el Estado". También destacaron: "No puede haber responsabilidad alguna por la crítica o la disidencia, aun cuando sean expresadas ardorosamente".

El delito de opinión, en definitiva, no existe para la ley argentina. ¿O existe ahora, mediante la chicana judicial unida a la persecución política? El espionaje oficial ya contraviene demasiado los derechos y garantías de muchos argentinos, todos los días, como para intentar forzar ahora, también, los límites evidentes de la ley.

Néstor y el rencor

Es flagrante la contradicción entre lo que "dice" y lo que "hace" el Gobierno. Dice que quiere dialogar con quienes lo vencieron el 28 de junio y, de hecho, está celebrando con ellos en una serie de reuniones que sugieren la posibilidad de un cambio. Al mismo tiempo, sin embargo, insiste en "profundizar el modelo" derrotado en las últimas elecciones mediante decisiones como la incorporación en el Indec de funcionarios estrechamente ligados a Moreno y el estrechamiento aun más estricto del comercio exterior. Algunos se preguntan de qué serviría la rebaja de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, por ejemplo, si la Oncca se empeña en estrangularlas cada día más, esta vez junto con las importaciones.

La explicación que circula sobre esta enigmática contradicción es que lo que está tratando de hacer Néstor Kirchner es, en definitiva, "ganar tiempo". Esta hipótesis parece envolver el enigma kirchnerista en un misterio porque, ¿qué espera conseguir mediante esta demora? ¿Es entonces "irracional" la conducta del ex presidente? No lo sería si, al término del período dilatorio que él mismo ha generado, el Gobierno estuviera esperando secretamente algún acontecimiento capaz de dar vuelta al curso de los acontecimientos. Cuando los rusos retrocedieron frente a Napoléon o a Hitler, su idea de "ganar tiempo" fue racional porque al final vendría el invierno, sepultando bajo la nieve a los invasores.

¿Pero cuál es la "nieve" que supuestamente espera Kirchner en nuestro caso? ¿Será quizás el desgaste y la división de sus opositores? A lo mejor Kirchner cuenta con repetir a su debido tiempo lo que alguna vez dijo Perón con posterioridad a su derrocamiento: "Fuimos malos, pero peores aún fueron nuestros sucesores". Después de perder la "guerra electoral" a manos de sus opositores, Kirchner habría iniciado según esta hipótesis otra guerra, esta vez de "desgaste", a consecuencia de la cual ya no sueña tanto en su propia victoria como en la derrota aun más amplia de sus actuales vencedores.

Si esta explicación es verosímil, quiere decir que el problema de la oposición democrática ya no es ganar la guerra electoral, que ya ganó, sino ganar además la posguerra electoral en la cual deberá demostrar que es capaz de gobernar mejor que los Kirchner. De esta manera, el peso de la prueba ante el tribunal de la opinión pública está pasando del kirchnerismo a sus rivales. Si éstos no muestran la unidad y la energía que hasta ahora no han probado, la carta de triunfo del kirchnerismo consistiría en exhibirlos como una nueva Alianza. Esta idea esencialmente destructiva, que ya no consistiría en imponerse sino a través de la destrucción, es por otra parte compatible con la índole del ex presidente, cuya concepción del triunfo es la derrota de los demás. ¿Qué hizo Sansón, según la Biblia, cuando se vió rodeado por los filisteos? Decidió perecer junto con ellos.

El pasado usurero del Matrimonio Kirchner

He aquí una pequeña recopilación de verdades ocultas, o información simplemente indiferente al pueblo, información que esta al alcance de la mano de cualquier ciudadano pero que, la tibieza y la falta de responsabilidad a la hora de votar no dan énfasis en su atención. Este simple hecho nos demuestra que lejos vagan nuestros intereses respecto a nuestra nación, y que ajenos estamos a nuestro país y su futuro... Es hora de que tomemos conciencia de una vez.

Néstor Carlos Kirchner se refugió en su provincia cuando el espectro de la dictadura recién asomaba. Tras completar sus estudios universitarios en La Plata, retornó a Río Gallegos en 1976 y se consagró a su trabajo de abogado en su propio estudio jurídico.

Por esos años fue asesor legal de la financiera Finsud Sociedad Anónima. Regía la circular 1050. 'A partir de la 1050, y frente a la imposibilidad de mucha gente de pagar los créditos asumidos con instituciones financieras, Kirchner operaba comprando esos créditos desde una posición privilegiada -la de asesor legal de la financiera -, lo que le permitió adquirir varias viviendas y engrosar el número de propiedades que antes había heredado de su padre y su abuelo'.

Terminada la época de la circular 1050, una de las 'tácticas' de Kirchner, era otorgar créditos hipotecarios a agricultores y ganaderos que el mismo financiaba, luego enviar a sus 'sicarios' a quemar cosechas y envenenar ganado, lo que impedía que se puedan cumplir con las obligaciones hipotecarias, terminando el por quedarse con las propiedades en garantía.

Un caso especial es el de Santiago Nahuelcura (DNI Nº 7.389.1 98) y de su primo Francisco Nahuelcura (DNI Nº 3.544.204), quienes perdieron todas sus tierras que habían obtenido mediante el sacrificio de muchos años de trabajo.

La hija del primero, Lorena Alejandra Nahuelcura (DNI Nº 26.324.257), quiso defender a su familia, en su carácter de periodista independiente, y fue amenazada de muerte, no solo ella, sino también su esposo Pablo Maximiliano Tosco (DNI Nº 26.419.237) y sus hijos Federico Maximiliano y Victoria Carolina, por lo que tuvo que abstenerse de escribir sobre Néstor Kirchner y su gente, por temor a lo que puedan hacerle a su familia. Estaría dispuesta a declarar ante un Juez, si se le ofrecen garantías. (El Listado de damnificados de K esta en poder de varios amigos y en Seprin).

La actividad de Kirchner tenía algún antecedente familiar. En Los vengadores de la Patagonia Trágica, Osvaldo Bayer narra que alrededor de 1920, cuando los obreros de la Patagonia realizaron boicots contra los propietarios y comerciantes que hostigaban a los trabajadores, el nombre de Kirchner, el abuelo de Néstor, era conocido en la Patagonia por su condición de usurero.

En los quince años que configuran sus tres gestiones de gobierno, Kirchner acompañó todas las privatizaciones del menemismo, especialmente las de YPF y Gas del Estado. Su aprobación silenciosa se deslizó en medio del regateo de alguna participación en el negocio del Supe (a la que estaba vinculado) y de algún porcentaje menor para la provincia.

Coherentemente, los representantes del PJ santacruceño dieron su aval en las cámaras a las leyes de privatización, incluido el quórum cuando se aprobó el marco regulatorio de la privatización del gas, que tantas penurias ocasionó a los pobladores de la Patagonia. Por eso, a pesar de sus intentos por diferenciarse, el fantasma de Menem lo persigue y por ello lo combate abiertamente.

Del mismo modo que Menem, Kirchner hizo una reforma constitucional para ser reelecto en dos oportunidades. 'El ex gobernador hace cualquier cosa por el poder. Es personalista, autoritario y desprecia la institucionalidad. La justicia provincial es manipulada por el poder político y el legislativo está subordinado a él', escribieron en una nota los periodistas Nicole Saffie y Rodrigo Cuevas.

Kirchner, que aspira a encarnar otro capítulo lo de la renovación peronista, aumentó de tres a cinco el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia y llenó los cupos con jueces ligados a su partido. Lo mismo hizo con el nuevo presidente del organismo, al tiempo que el cargo de procurador general fue suprimido, a pesar de que se suponía inamovible.

Su actual discurso nacional y popular tampoco pudo borrar la polémica decisión de depositar en un banco de Luxemburgo entre 600 y 1000 millones de dólares de reservas del distrito provenientes de regalías petroleras y de la venta de acciones de Repsol -YPF. La diferencia entre las cifras se debe a que nadie sabe a ciencia cierta el monto exacto ni qué se hizo con esos recursos. Ese dinero surgió de un juicio por regalías mal liquidadas que la provincia le ganó al Estado nacional y que había sido iniciado por el anterior gobernador, Arturo Puricelli. Kirchner ingresó parte de esos fondos al presupuesto provincial, pero nunca se pudo establecer el monto preciso a través del Tribunal de Cuentas, organismo que siempre tuvo control oficial por simple mayoría.

La decisión de depositar dinero público en el exterior tuvo curiosas argumentaciones. 'Fue para salvar la plata del corralito', adujo uno de los voceros del gobernador, Miguel Núñez, alardeando de una información de la que carecieron miles de ahorristas. Sin embargo, sus críticos señalan que ese dinero fue sacado del país hace ocho años. 'Desde 1995 que no hay ni un solo informe que diga qué pasó con esa plata. Kirchner no da cuentas a nadie'. Fuente: www.seprin.com


Si algo le faltaba al gobierno , además de la hipocresía de los DDHH de Kirchner que colaboró con los militares, y realizo su fortuna personal con la infame 1050 quedándose con los departamentos de la gente, inclusive en esta foto se podría ver quien seria Varizat, conocido mas que por la militancia K, por haber atropellado a 19 personas con su camioneta. Hace pocos días en una manifestación contra Cristina Kirchner en la provincia de Santa Cruz .

Sin dudas , Rucci se retuerce en la tumba : Resulta ser que Roberto Perdía es que le habría dado dos Itakazos” a Ignacio Rucci en la Infame operación Traviata .

Fueros parlamentarios / Sospechas de enriquecimiento ilícito

El diputado que hace 12 años elude a la Justicia

Raúl Pérez preside el bloque bonaerense de diputados oficialistas

Buenos Aires | Domingo 26 de julio de 2009 | Publicado en edición impresa de La Nación

• Hugo Alconada Mon

LA NACION

Raúl Joaquín Pérez preside el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) en la Legislatura bonaerense. A fines de junio se aseguró otros 4 años de mandato, mientras continúa como el influyente número dos del Consejo de la Magistratura bonaerense. Con fueros parlamentarios renovados, ahora pugna por cerrar la acusación penal por enriquecimiento ilícito que arrastra desde hace 12 años.

La denuncia se apoya en su biografía singular. Pérez (50) llegó a La Plata desde Benito Juárez, en el interior de la provincia. En la capital bonaerense vivió en una pensión con baños compartidos mientras pugnaba por estudiar Derecho, aunque antes logró avanzar más en la política. A los 31 años asumió como concejal, tres años después se recibió de abogado, entre 1999 y 2001 trabajó como director del Astillero Río Santiago y, desde entonces, ocupa una banca como diputado provincial.

Sin embargo, como empleado en el Senado bonaerense, en las calles con un taxi, y luego como concejal y presidente del Concejo Deliberante comenzó su ascenso social. Pasó a moverse en una camioneta cero kilómetro y a volar en un avioneta propia. También se compró una casa de por lo menos 320.000 dólares con un ingreso anual de 24.000 pesos como concejal en La Plata, el período de su vida que quedó bajo la lupa, mientras se divorciaba de su primera mujer.

Dos peritos oficiales, en informes por separado, concluyeron lo mismo: aún con todo a favor -créditos incluidos-, Pérez no pudo justificar entre 287.764 y 483.399 pesos/dólares acumulados durante la convertibilidad. "El importe consignado más que duplica el monto (anual) de las dietas, considerando sólo documentación obrante en la causa, lo que me lleva a concluir que el importe señalado (sin justificar) es sólo un piso", precisó el primer perito contador, Edgardo Lamonega, al presentar su informe en noviembre de 2002.

Capacidad de ahorro

Un año y medio después, el segundo perito, Osvaldo Garelli, concluyó que Pérez registró una "capacidad de ahorro acumulada" durante el período analizado "prácticamente nula", lo que "determina la imposibilidad de (su) crecimiento económico". En especial, tras su divorcio y cuando su ingreso anual por dietas en 1996, por ejemplo, fue de $ 24.653, mientras que sólo sus gastos con tarjetas de crédito superó los 66.000 pesos.

LA NACION accedió a ambos peritajes, aún cuando el expediente resulta poco menos que inhallable. Desde que se expidieron ambos peritos, comenzó un largo recorrido que impidió el llamado a indagatoria y, de corresponder, el procesamiento de Pérez. Pasó por primera instancia, la cámara de apelaciones, la Casación y la Suprema Corte -donde dormitó cerca de cuatro años-, otra vez la Casación, la Cámara, primera instancia y otra vez la Cámara.

La sensibilidad alrededor de este expediente resultó notable. Al punto que cuando LA NACION comenzó a indagar antes de las elecciones, preguntó solo en la Casación. Esa misma tarde, sin embargo, y sin que mediara un contacto previo, Pérez llamó al diario para ofrecer un diálogo sobre esa causa.

Lo mismo ocurrió cuando LA NACION consultó en la Escribanía General de Gobierno si podía acceder a sus declaraciones juradas patrimoniales. La cordialidad trucó en nerviosismo cuando se precisó el nombre del diputado. "¡Ah, bueno!", dijo Alicia Valenzuela, encargada de tomar las declaraciones. Dijo que el acceso estaba vedado tras consultar a un jefe. "Sólo por nota de un juez", explicó.

El expediente se encuentra ahora a las órdenes del nuevo juez a cargo, Guillermo Atencio. Estaba en manos de la jueza de transición Carmen Palacios Arias, cuya última decisión fue llamarlo a indagatoria para el 20 de abril último. Pero Pérez volvió a apelar y el expediente subió, otra vez, hasta la Casación e impidió esa audiencia. Sólo bajó tras la disolución de los juzgados de transición y el sorteo de todos los expedientes remanentes.

Pérez replica que su crecimiento patrimonial se debe a sus ingresos como abogado. Pero los peritos objetaron esa posibilidad. "Una gran cantidad de recibos fueron emitidos en diciembre de 1996 con una frecuencia inusitada, lo que permite dudar sobre la autenticidad de los servicios prestados", explicó Lamonega. Garelli fue más allá: "La única manera de determinar la autenticidad de estos servicios profesionales sería mediante la práctica de auditorías en las empresas que aparentemente recibieron esos recibos". Jamás se hizo.

Narcotráfico y Gobierno

Los narcotraficantes peruanos que actúan en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores alquilan por 10 pesos documentos de identidad a los habitantes del asentamiento, para usarlos en el envíos al exterior de divisas obtenidas en la venta de drogas. Parte de este dinero es usado en Perú por el temible grupo guerrillero Sendero Luminoso, 'en la financiación de actividades terroristas.

Este acto se lleva bajo el marco de impunidad propiciado por el gobierno del Matrimonio Kirchner, quienes se benefician de la extrema pobreza del los habitantes de la villa, utilizándola como voto cautivo y medio de presión para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La preocupante situación fue denunciada, algunos días atrás por un grupo de vecinos del lugar en la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), a través del mapa del narco tráfico, creado en forma reciente por la mencionada agrupación.

En tal sentido, la gente del asentamiento, ubicado frente a la cancha del club San Lorenzo, dice que los narcos les alquilan los documentos de identidad a los habitantes del predio para emplearlos después en enviar giros postales al exterior con el dinero conseguido en la comercialización de estupefacientes en Capital Federal. "Los hampones les pagan 10 pesos a los vecinos por cada documento y, de esta manera, se aseguran identidades falsas para concretar sus actividades ilícitas", señalaron los denunciantes.

A su vez, los habitantes de la peligro­ sa villa expresaron que los sitios utilizados por los narcos para despachar los giros postales se encuentran perfectamente localizados. Uno de ellos está situado en la avenida Castañares al 2000, a pocos metros de la calle Corea, y en Coronel Esteban Bonorino al 1700.

"Las personas que viven en la villa son muy pobres, y 10 pesos para ellos es realmente una fortuna", explicó un vecino del extenso predio, quien agregó estar sumamente consternado por la tremenda impunidad con que se manejan los hampones de nacionalidad peruana en jurisdicción del Bajo Flores .

Se afirma que los delincuentes peruanos que controlan, bajo la protección del Gobierno en la figura de Aníbal Fernández, la populosa Villa 1-11-14 manejarían alrededor de 500 bocas de expendio de estupefacientes. Los individuos serían los sucesores del famoso y temible narco Marco Antonio Estrada González, apodado "Marcos".

Esta organización de extranjeros ha­bría montado al menos tres puestos de vigilancia en el asentamiento para evitar el ingreso a la zona de los integrantes de otras bandas dedicadas a vender drogas en la Capital Federal.